El Ministerio de Sanidad ha decidido elevar el tono en su fiscalización del modelo sanitario madrileño. Lo que comenzó como una inspección focalizada en el Hospital de Torrejón se ampliará ahora a todos los centros públicos de gestión privada de la región —operados por el Grupo Quirón—, tras detectar que sus presupuestos han crecido en los últimos años de una manera que la ministra Mónica García ha calificado de «absolutamente obscena».
El anuncio se ha producido tras el Consejo de Ministros, donde García ha presentado el ‘Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada’. La conclusión principal del documento es que el sistema sanitario español ha desarrollado una dependencia creciente del sector privado, desviando fondos públicos hacia empresas que, según la ministra, se mueven por una «lógica de beneficio y no de interés general».
De recurso puntual a norma estructural
El informe ministerial radiografía la evolución del sistema en las últimas dos décadas y arroja un diagnóstico claro: la colaboración público-privada ha dejado de ser un «recurso excepcional» para convertirse en una «práctica estructural».
Los datos avalan esta tendencia. Entre 2011 y 2023, el número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha crecido casi un 37%, pasando de 106 a 145 centros. Actualmente, casi uno de cada tres hospitales de la red pública (el 30,7%) tiene dependencia funcional privada. Esta expansión, muy marcada en comunidades como Cataluña y Navarra, también se refleja en la infraestructura: el porcentaje de camas y quirófanos concertados ha aumentado notablemente en este periodo.
Madrid responde: «No nos temblará el pulso»
La reacción de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido la gestión actual asegurando que, hasta la fecha, no se han registrado deficiencias en el Hospital de Torrejón.
Sin embargo, Matute ha querido mostrar contundencia ante la posibilidad de irregularidades. En un desayuno informativo, la consejera ha advertido de que si la investigación demuestra algún tipo de negligencia en la gestión, al gobierno regional «no le temblará una pestaña» para tomar medidas. Matute ha recordado que los pliegos de contratación contemplan todos los escenarios y no ha descartado llegar a rescindir el contrato si se confirmase una mala praxis.
