El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una doble ofensiva para intentar aliviar la crisis de la vivienda en España. La estrategia combina la intervención directa del Estado, mediante la creación de una nueva empresa pública de alquiler, con incentivos al mercado privado, a través de un seguro contra impagos diseñado para convencer a los propietarios más reticentes.
La medida estrella es el nacimiento de Casa 47, la nueva entidad estatal que sustituye y transforma a la antigua Sepes. Bautizada así en honor al artículo constitucional que consagra el derecho a una vivienda digna, esta empresa gestionará todo el ciclo inmobiliario: desde la compra de suelo hasta la entrega de llaves. Su objetivo es crear un parque público permanente que, por ley, nunca podrá ser privatizado.
Alquileres de hasta 75 años y tope al 30% del sueldo
El modelo de Casa 47 busca ofrecer una estabilidad casi equiparable a la propiedad. Los inquilinos podrán firmar contratos de larga duración que alcanzarán hasta los 75 años: un primer periodo de 14 años prorrogable automáticamente en tramos de siete, siempre que se cumplan las condiciones de acceso.
La clave del modelo está en el precio. El Gobierno rompe con la lógica de mercado: la renta no se fijará según lo que cueste construir el piso, sino según lo que el ciudadano pueda pagar. El límite será inquebrantable: nadie pagará más del 30% de su salario. Este cálculo se hará en base al sueldo medio de cada territorio.
El público objetivo es amplio. El Ministerio calcula que el 60% de la clase media y trabajadora podrá acceder a estas viviendas, estableciendo unos requisitos de renta que oscilan entre los 1.200 y los 4.500 euros mensuales (entre 2 y 7,5 veces el IPREM). Para agilizar el proceso, en 2026 se lanzará un portal online centralizado para ver promociones y solicitar piso.
Casa 47 no parte de cero. La entidad nace con una cartera «heredada» de otros ministerios (Defensa, Interior o Hacienda) y, sobre todo, de la Sareb, que aporta más de 40.000 viviendas y suelo para levantar otras 55.000. Además, el Ejecutivo ha inyectado 100 millones de euros para salir al mercado a comprar más inmuebles de forma inmediata.
El guiño a Junts: seguridad para el casero
La segunda pata del acuerdo es una concesión a Junts per Catalunya. El Gobierno ha aprobado un real decreto que regula una cobertura pública para proteger a los propietarios frente a posibles impagos, daños en la vivienda o facturas de suministros pendientes.
Sin embargo, esta ayuda tiene «letra pequeña». Para que un casero pueda beneficiarse de este seguro gratuito, deberá cumplir tres requisitos:
- Alquilar a menores de 35 años o personas vulnerables.
- Que el precio del alquiler no supere el índice de referencia estatal (es decir, precios contenidos).
- Tener la fianza depositada legalmente.
Esta medida, que gestionarán las comunidades autónomas, busca sacar al mercado viviendas vacías cuyos dueños temen la morosidad, aplicándose ya a los contratos vigentes a fecha de 30 de enero de 2025.
