La Constitución española y el ordenamiento legal vigente se inspiran en el respeto a los Derechos Humanos. Este es un principio rector inequívoco también para la práctica política y administrativa y para la vida ciudadana, que no puede verse constreñida en el ejercicio de sus derechos por decisiones arbitrarias del poder. Las leyes y los tratados internacionales suscritos por España nos obligan a su riguroso respeto.
Por lo tanto, además de una cuestión de valores, de ética cívica y política, el respeto a los Derechos Humanos en su conjunto es una obligación legal ineludible en un Estado democrático de derecho.
Pues bien, en nuestro país estos derechos se respetan razonablemente y los tribunales reponen los conculcados por órganos de poder o decisiones administrativas. Pero subsisten cuestiones que preocupan especialmente y que, en algunos casos, han llevado a censuras de organismos internacionales y condenas del Tribunal de Estrasburgo al Gobierno español.
Entre los asuntos más preocupantes, Amnistía Internacional señala la Sanidad por su desorganización y desmantelamiento debido a decisiones políticas y a la falta de inversiones y sostenimiento de la atención primaria; los conflictos y descontentos que actualmente recorren España son muy significativos. Por otro lado, durante la pandemia de Covid murieron en residencias 35.000 personas (más de 7.000 solo en Madrid) abandonadas por las instituciones, víctimas de protocolos que les despojaron de sus más elementales derechos sin que nadie haya rendido cuentas de ese proceder.
La vivienda, con su especial repercusión dramática en la vida de centenares de miles de familias desalojadas de sus casas, ante la ausencia práctica de una política por parte de los gobiernos que tienda a cumplir con el derecho constitucionalmente admitido (artículo 47).
Otro grave tema de Derechos Humanos se refiere a la jurisdicción universal y a las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil, todavía pendiente de solución y objeto de debate contradictorio entre instituciones.
En relación con los derechos de la mujer, es un clamor social la necesidad de incrementar medidas para combatir los persistentes índices de violencia contra las mujeres, que es una de las violaciones de los Derechos Humanos más habitual y que afecta a un mayor número de personas. En lo que va de este año 2025 han sido asesinadas 43 mujeres por sus parejas o exparejas, cifra inadmisible y que pone bien a las claras la magnitud de este recurrente problema.
La persistencia de estos y otros graves problemas no deja lugar a dudas sobre la conveniencia de que la ciudadanía tome la defensa de los Derechos Humanos como una cuestión propia. La conmemoración del 10 de diciembre es una invitación a ello.
Por. Guillermo Castán Lanaspa, defensor de los Derechos Humanos
