Tras los casos que han afectado al exasesor de Moncloa, la política local y nacional se ha visto convulsionada en las últimas horas por dos nuevos casos de presunto acoso sexual y abuso de poder que afectan a cargos relevantes del PSOE en Galicia y del PP en Andalucía.
1. La denuncia interna contra el presidente de la Diputación de Lugo (PSOE)
El PSOE ha activado su protocolo antiacoso tras recibir este lunes una denuncia en su canal interno contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos. Aunque fuentes del partido en Galicia aseguran desconocer los detalles debido al anonimato del canal, el programa Cuatro ha adelantado que serían seis las mujeres denunciantes.
Reacciones y ultimátum político
La situación amenaza la estabilidad del gobierno provincial. El BNG, socio de gobierno, ha lanzado un ultimátum: abandonarán la Diputación si Tomé no dimite o es apartado inmediatamente. «Es impresentable que aún haya quien use su cargo para abusar de las mujeres», sentenció Ana Pontón, líder nacionalista. Por su parte, el PP de Lugo ha exigido explicaciones urgentes, mostrando su estupor ante la gravedad de las acusaciones.
La defensa de Tomé y el contexto en Ferraz
José Tomé ha negado tajantemente los hechos («No hay ninguna prueba porque no es verdad») y ha anunciado acciones legales, asegurando desconocer de qué se le acusa exactamente. Desde Moncloa y la dirección federal del PSOE piden prudencia, pero defienden su «tolerancia cero». Este caso llega en un momento delicado para el partido, que aún gestiona la polémica en torno a Francisco Salazar, alto cargo de Moncloa, quien recibió denuncias similares en julio sin que la Oficina Antiacoso actuara durante cinco meses.
2. El alcalde de Algeciras (PP), denunciado ante el Supremo
En el otro extremo del mapa, José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y senador del PP, ha suspendido temporalmente su militancia tras conocerse que el PSOE lo ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Acoso y presunta compra de silencio
La denuncia socialista es grave: acusa a Landaluce de acoso y abuso sexual, pero también de malversación y tráfico de influencias. La sospecha es que el alcalde habría utilizado dinero público para «comprar el silencio» de las víctimas y evitar que salieran a la luz mensajes comprometedores. En concreto, se pide investigar la contratación «a dedo» de una exconcejal y de la exmujer de un dirigente popular en puestos vinculados al Ayuntamiento o concesionarias.
Los mensajes de la polémica
El escándalo estalló cuando ‘Alvise’ Pérez filtró en Telegram capturas de WhatsApp de un chat de octubre de 2024. En ellas, dos concejalas del PP (Eva Pajares y Susana Pérez) relataban presuntos episodios de acoso, asegurando que Landaluce les había realizado tocamientos inapropiados en público («me tocó el culo», «me metió mano por debajo de la mesa»).
La denuncia ha sido interpuesta ante el Supremo debido a la condición de aforado de Landaluce como senador.
