Integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres (Aesat), integrada en Ceoe Cepyme Salamanca, ha mantenido una reunión de trabajo con la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, con el objetivo de reforzar la colaboración institucional ante el incremento de talleres ilegales en la provincia y las consecuencias que esta actividad genera en materia de seguridad vial, medio ambiente y competencia desleal.
Durante el encuentro, Aesat trasladó su preocupación por la evolución de esta práctica clandestina, que continúa extendiéndose tanto en entornos urbanos como en polígonos y zonas rurales. El presidente de la asociación, Alberto Moreno de Vega, subrayó que la problemática “ya no es solo un asunto económico, sino una cuestión de seguridad pública”, dado que estos talleres operan al margen de cualquier control técnico o administrativo.
Moreno de Vega, explicó que los talleres ilegales trabajan sin cumplir la normativa básica. No gestionan de forma adecuada los residuos peligrosos, generando vertidos incontrolados de aceites, lubricantes y líquidos contaminantes, utilizan piezas de origen desconocido o sin trazabilidad, muchas veces recuperadas de desguaces no autorizados e incluso realizan reparaciones sin herramientas calibradas ni revisiones obligatorias, poniendo en riesgo el resultado final y, con ello, la seguridad de los conductores.
“Un vehículo reparado sin garantías puede convertirse en un problema grave: frenos mal ajustados, neumáticos incorrectamente montados o fallos eléctricos sin comprobar. Las consecuencias pueden ser irreversibles”, advirtió el presidente de Aesat.
Durante el encuentro se destacó también el impacto que esta actividad genera sobre los talleres legales de la provincia, que sí cumplen con exigencias de inversión, personal cualificado, gestión de residuos y seguros obligatorios.
Además, se puso el foco en que muchos usuarios acuden a estos talleres clandestinos pensando que ahorrarán dinero, sin ser conscientes de que las reparaciones no están garantizadas, no existen facturas ni cobertura ante reclamaciones, hay riesgos de perder la garantía del fabricante y los vehículo pueden no superar la ITV tras una intervención incorrecta, entre otras muchas problemáticas.
Desde Aesat se recordó que los asociados cuentan con un canal confidencial para trasladar prácticas fraudulentas, medioambientales o de intrusismo, garantizando la anonimidad absoluta en cada comunicación.
Así mismo, reafirmó su compromiso con la legalidad, la seguridad y la calidad del servicio en el sector del automóvil, y agradeció la voluntad de colaboración mostrada por la Subdelegación del Gobierno. La asociación insistió en que continuará trabajando para defender a los talleres que cumplen la normativa y para proteger a los consumidores frente a riesgos innecesarios.
