La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), en un momento en el que se está tramitando una nueva ley autonómica de defensa de los consumidores en Castilla y León, alerta del «colapso, abandono, falta de recursos y de la desprofesionalización que sufren los servicios de inspección de consumo de la Junta».
Este sindicato advierte de que sólo cuenta con 35 inspectores activos para toda la Comunidad en este momento, de 55 plazas previstas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la administración, que ya –de entrada- “son escasas para atender con garantías todas las necesidades, en un tema tan importante como es la defensa y protección de los consumidores, es decir, su salud, su seguridad y sus legítimos intereses económicos”.
Exige que la provincia de Salamanca cuente con los siete inspectores que recoge la RPT, puesto que ahora sólo hay cuatro.
