La Sanidad de Castilla y León (Sacyl) ha confirmado la apertura de una investigación sobre 15 especialistas del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). La inspección se centra en intensivistas, cirujanos y anestesistas acusados, presuntamente, de vulnerar la normativa que regula la compatibilidad laboral entre el sector público y el privado.
Según informa El País, el foco de la polémica señala directamente a las prácticas en centros del Grupo Recoletas, una entidad privada que mantiene millonarios conciertos con la Administración para aliviar las listas de espera.
Un «círculo vicioso» que perjudica al paciente
Según testimonios de médicos denunciantes recogidos por El País, existe un sistema de presunta «corrupción público-privada» que funciona como un pez que se muerde la cola:
- Algunos facultativos de la sanidad pública, responsables de gestionar las listas de espera, tendrían, presuntamente, incentivos para generar demoras intencionadamente.
- Esto obliga a la Junta a derivar pacientes a la sanidad privada (concertada) para desatascar el sistema.
- Esos mismos médicos acaban cobrando por operar a esos pacientes en la privada.
Los datos respaldan la sospecha: el Hospital de Burgos acumula la mayor demora quirúrgica de la comunidad, con 117 días de espera, superando en 30 días la media autonómica.
Cirujanos en formación y operaciones durante bajas
Las irregularidades denunciadas van más allá de un simple conflicto de intereses. Los denunciantes aseguran tener pruebas documentales —actas de quirófano firmadas— que demuestran situaciones graves:
- Médicos residentes (MIR) realizando cirugías en la privada sin la supervisión requerida.
- Facultativos operando en clínicas privadas mientras constan de baja por paternidad o durante su horario de guardia en el hospital público.
- Profesionales que superan el límite legal de horas permitidas para el trabajo en el sector privado o que ni siquiera han solicitado el permiso de compatibilidad.
«Es una competencia desleal hacia los médicos honrados y un perjuicio directo para los pacientes», lamenta uno de los denunciantes, quien asegura que en una ciudad del tamaño de Burgos, estas prácticas son un secreto a voces.
Denuncias ignoradas y crecimiento del negocio privado
A pesar de que los médicos llevan alertando de esta situación desde 2021 ante el Colegio de Médicos, la Inspección de Trabajo y la Consejería de Sanidad, denuncian haber recibido la «callada por respuesta». Ante la inacción administrativa, los afectados preparan el salto a la Fiscalía.
Sindicatos como CCOO y UGT corroboran estas acusaciones, calificando los casos de «flagrantes» y exigiendo transparencia. Mientras tanto, el Grupo Recoletas ha experimentado una expansión meteórica: en 12 años ha pasado de tener dos hospitales en la región a gestionar 25, recibiendo decenas de millones de euros de dinero público anualmente (casi un millón de euros solo en 2024 para cirugías en Burgos) para solucionar unas listas de espera que, paradójicamente, no dejan de crecer.
Claves de la investigación sanitaria en Burgos (todo, presuntamente)
- El caso: El Sacyl investiga a 15 médicos (cirujanos, anestesistas e intensivistas) del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) por presunta incompatibilidad laboral.
- La sospecha principal: Se denuncia un «círculo vicioso» donde facultativos públicos podrían estar engrosando las listas de espera para forzar derivaciones a la sanidad privada (Grupo Recoletas), donde también trabajan y cobran por esas intervenciones.
- Situaciones graves detectadas:
- Médicos residentes (MIR) operando en la privada sin supervisión.
- Cirugías realizadas por personal que estaba oficialmente de baja por paternidad o de guardia en el hospital público.
- Exceso de horas trabajadas en el sector privado, superando el límite legal.
- El impacto: El Hospital de Burgos sufre la peor demora quirúrgica de Castilla y León (117 días de espera).
- El negocio: El Grupo Recoletas ha pasado de 2 a 25 centros en la región en 12 años, recibiendo contratos millonarios de fondos públicos.
- Próximo paso: Tras años de silencio administrativo, los denunciantes llevarán el caso a la Fiscalía.
