La Federación de Vecinal de Salamanca (Fevesa) y la asociación vecinal de Santa Marta de Tormes (Astormi), han presentado alegaciones a la ordenanza que regula la tasa por el servicio de recogida domiciliaria y tratamiento de basura y residuos sólidos urbanos.
“La modificación consiste en la subida desproporcionada de las tarifas. Alrededor de un 64% en cada concepto. Así las viviendas pasarían de pagar 13,77€ a 22,45€/trimestre, o los pequeños comercios de 57,18 a 93,20€/trimestre”, explican.
Las organizaciones vecinales denuncian que la justificación de la subida “no se ajusta” a los requerimientos legales (Ley 7/2022). “Se incumple el principio de quien contamina paga, porque la subida no lleva aparejada ninguno de los mecanismos que marca la ley, como son incentivar a quien recicla o el cobro por generación: el objetivo final de esta tasa es que cada individuo pague en función de la cantidad de basura que genere”, aseguran.
Por ello, reclaman una nueva ordenanza que incorpore, “aunque sea gradualmente, elementos que tengan en cuenta las prácticas de los ciudadanos en la generación de residuos y sistemas de pago por generación, que bonifique la tasa mediante reducciones o incentivos por determinados comportamiento de los usuarios: por aportaciones a puntos limpios, participación en la separación de las nuevas fracciones de recogida separada obligatoria, adhesión a programas voluntarios de compostaje doméstico…”.
Asimismo, añaden que “la ordenanza, mantiene la estructura clásica de epígrafes, lineal y no proporcional, aplica incrementos idénticos para todos dentro de cada categoría, no incorpora ninguna medición individual ni indirecta de residuos. En el caso de las viviendas, por ejemplo, los metros que tiene la vivienda o cuántos empadronados hay. Se presupone que una vivienda de 30m2 con un empadronado genera la misma cantidad de basura que una vivienda de 100m2 con 6 empadronados”.
Separación de residuos
“Y tampoco, recoge reducciones de la cuota vinculadas a la disminución de los residuos y/o a la separación y recogida de materia orgánica separable o participar en la recogida separada para su posterior reutilización y reciclado”, objetivo que persigue la citada, según agregan las agrupaciones vecinales.
Otra de sus peticiones es incluir “dentro de las tarifas los inmuebles públicos, como son todos los edificios municipales, entre otros”, pues consideran que “el importe que no paguen unos contribuyentes no deberían repartirse entre el resto de los sujetos pasivos”.
La representación vecinal, espera que sus alegaciones sean “tomadas en consideración y no se apruebe la modificación de la ordenanza en el municipio tormesino”, en especial porque “el alcalde del municipio se ha recorrido la provincia diciendo lo injusto que era aplicar esta subida”, apostillan.
“Nada dice la ley sobre que tenga que ser un escandaloso 64%, pero sí que hay que aplicar otras medidas que no se recogen en la redacción de la ordenanza, cuando han tenido tres años, por obligación, para realizar una nueva ordenanza (disposición final octava) y no han hecho nada al respecto”, advierten Fevesa y Astormi.
