La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) denuncia este lunes que el compromiso de mejora del operativo contra incendios del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernandez Mañueco, es “una falsa promesa”. Califican la situación de “incertidumbre total” pues, según advierte la agrupación, no hay “ni una sola garantía para el personal”.
Asemfo se reunió con la dirección general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León, con la presencia de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa), que asumirá 49 cuadrillas que hasta ahora pertenecían a empresas privadas.
“Este cambio se mantiene a pesar de haber sido rechazado por la mayoría política en las Cortes y sin el respaldo de los técnicos especialistas de la propia Junta”, explica Asemfo.
“Aun así, el presidente continúa adelante, sin recibir ni escuchar a agentes fundamentales del operativo. Más que un desprecio, es una evidente falta de respeto institucional”, lamenta.
“Los problemas no llegarán: ya están aquí”, enfatiza el colectivo, pues Tragsa ha confirmado que no subrogará al personal con experiencia”, sino que “abrirá sus propios procesos selectivos, contratando primero de forma temporal para decidir un año después quién continúa y quién no”. Esta decisión, en según Asemfo, “desmonta por completo la promesa de continuidad anunciada por Mañueco”.
“Mientras tanto, las empresas privadas del sector mantienen al 100% de sus trabajadores como fijos, garantizando estabilidad laboral. Tragsa, en cambio, recurrirá a triquiñuelas legales para realizar en primer lugar contratos temporales y cribar después, dejando al trabajador completamente desprotegido y en absoluta incertidumbre”, detallan.
Será “un cambio más caro… pero no para mejorar el empleo”. A este respecto, apunta que “el coste del operativo aumentará un 50%, pero ese dinero no repercutirá ni en el trabajador ni en la paz social. Una parte sustancial de ese incremento se destinará a financiar la estructura de Tragsa, una empresa que ya presenta altos niveles de conflictividad laboral”.
“La Junta sí dispone de mecanismos, en colaboración con la empresa privada, para garantizar que cualquier subida presupuestaria llegue directamente al trabajador”, critica la asociación. “Asemfo ya los ha propuesto formalmente a la junta. Sin embargo, se niega a aplicarlos”.
Ante estos hechos, la agrupación pide “reflexión, diálogo y el retorno al modelo que funciona, antes de seguir adelante con un cambio improvisado y sin respaldo técnico”.
Volver al modelo anterior
La entidad defiende la vuelta al modelo público-privado anterior, un modelo que, según defienden, “ha funcionado durante décadas y que permitiría aplicar —sin obstáculos— las fórmulas propuestas por Asemfo.
En este sentido, proponen que “el importante desembolso económico que Mañueco está dispuesto a realizar no sirva para engordar grandes empresas públicas controladas por la Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales—, sino que llegue realmente a quien sostiene el operativo: los trabajadores y las empresas”.
“La sociedad de Castilla y León tiene derecho a saber que estos recursos saldrán necesariamente de otras áreas públicas, y merece garantías de que ese esfuerzo económico no se diluirá en estructuras administrativas, sino que se destinará a mejorar la estabilidad, la profesionalización y las condiciones de quienes están en primera línea”, sostiene Asemfo.
Asimismo, la agrupación se plante “¿cuál es entonces el objetivo de Mañueco?”, al tiempo que responde “hoy en día, nadie lo sabe”, y apostilla que “lo único claro es que el trabajador no saldrá ganando con este cambio, ni en estabilidad, ni en continuidad, ni en condiciones laborales”.
Por todo ello, Asemfo exige “diálogo real con todos los agentes del operativo y reclama a Mañueco una respuesta clara, seria y urgente sobre el futuro del personal”.
