El Defensor del Pueblo ha solicitado de manera urgente al Ayuntamiento de Retortillo la información que le solicitó en abril para seguir su investigación sobre una posible vulneración de derechos a los ciudadanos, en relación con el expediente sancionador contra la empresa minera Berkeley.
“Este mismo ayuntamiento también mantiene esa postura de ocultación de documentación y desobediencia, a las resoluciones de obligado cumplimiento del Defensor del Común de Castilla y León, que a través del Comisionado de Transparencia le solicitó esa información y obligó a entregarla” al activista medioambiental Jesús Cruz Fernández en tres resoluciones de enero de 2025, según explica él mismo.
“Cuando el Defensor del Pueblo solicita información a un ayuntamiento para investigar presuntas irregularidades en su actuación, ya sea de oficio o a raíz de una queja ciudadana, el Consistorio está obligado legalmente a proporcionar la información requerida en un plazo de 15 días”, recuerda Cruz.
Sin embargo, ante esta obligación, el Ayuntamiento lleva “dos años sin facilitar la información al solicitante, un año sin acatar las resoluciones de obligado complimiento emitidas por el Comisionado de Transparencia y siete meses sin enviarlas al Defensor del Pueblo.”
Asimismo, Cruz señala que “llama la atención y es motivo de indignación que la alcaldesa del Ayuntamiento y el secretario, sí comunican puntualmente a la minera Berkeley todos los escritos y resoluciones llegadas al Ayuntamiento”, ya que gran parte de la información requerida está vinculada con el expediente sancionador que este tiene abierto a la minera desde 2017 y que no resuelve, “así como con las cantidades de dinero que la minera ha ingresado en las cuentas del Ayuntamiento y sus conceptos”. La otra información solicitada son copias de las actas de los plenos realizados en un determinado periodo.
Ante estos “acontecimientos probados y documentados”, el activista denuncia que el Ayuntamiento de Retortillo “no cumple con sus deberes constitucionales ni respeta la ley”. Por todo ello, ruega al Defensor del Pueblo y al Comisionado de Transparencia que “interpongan recursos de amparo y de inconstitucionalidad ante la discriminación, abuso de poder y falta de información que estamos sufriendo”.
