La Audiencia Nacional ha puesto el foco sobre una supuesta red de corrupción que habría operado entre 2021 y 2023 para lucrarse a costa de la Administración pública. El juez Antonio Piña ordenó esta semana la detención de tres figuras clave: Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); Leire Díez, exmilitante del PSOE; y el empresario Antxon Alonso.
La investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil, indaga si los acusados formaron un grupo organizado —autodenominado «Hirurok»— para cobrar más de 700.000 euros en comisiones ilegales mediante el tráfico de influencias y la falsificación de facturas.
¿Cómo funcionaba la trama?
Según la resolución judicial, el grupo habría aprovechado la posición y los contactos de sus miembros, especialmente la influencia del expresidente de la SEPI, para orientar expedientes y contratos públicos a su favor. El «modus operandi» consistía en intervenir en adjudicaciones para, posteriormente, canalizar los beneficios a través de facturación falsa, utilizando principalmente una empresa instrumental llamada Mediaciones Martínez.
El juez ha identificado hasta el momento cinco operaciones sospechosas en las que habrían logrado decisiones favorables:
- Rescate a Tubos Reunidos: La trama habría cobrado casi 115.000 euros por «intermediar» en la concesión de una ayuda pública de 112,8 millones de euros por parte de la SEPI.
- Ayudas a energías renovables: Se investiga el pacto de una comisión de 200.000 euros vinculada a una subvención de 17,3 millones otorgada por Sepides (filial de la SEPI) a una empresa del grupo Forestalia.
- Contratos en Asturias: En el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), habrían influido para adjudicar una obra de 2,8 millones a cambio de 400.000 euros canalizados hacia el grupo.
- Operación en Mercasa: Se adjudicó un contrato menor (unos 18.000 euros) a una empresa de Alonso para justificar un cambio de sede de la entidad pública, un movimiento que los investigadores consideran innecesario y diseñado únicamente para generar beneficio al grupo.
- Sobrecostes en Enusa: Se detectaron pagos derivados de sobrecostes en contratos de tratamiento de residuos, que acabaron en sociedades vinculadas a la trama.
El destino del dinero y la situación actual
Los investigadores sostienen que gran parte del dinero recaudado se blanqueó mediante inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, aunque también hubo repartos de efectivo; al expresidente de la SEPI se le atribuye la recepción de casi 50.000 euros.
Tras prestar declaración, el juez ha decretado la libertad provisional para los tres investigados, aunque con medidas cautelares estrictas: se les ha retirado el pasaporte, tienen prohibido salir de España y deberán comparecer en el juzgado cada quince días mientras avanza la instrucción por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
