El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha elevado el tono en su batalla por el control de la vivienda turística imponiendo una sanción ejemplarizante: 64 millones de euros de multa a Airbnb. Se trata de la segunda sanción más alta de la historia de Consumo en España, solo superada por la reciente multa a Ryanair.
El ministro Pablo Bustinduy ha confirmado este lunes la decisión, que ya es firme en vía administrativa, lanzando un mensaje claro al mercado: «Ningún actor económico, por poderoso que sea, puede eludir sus obligaciones».
El motivo: más de 65.000 anuncios fuera de la ley
La investigación ha destapado una operativa masiva de irregularidades en la plataforma. Según el Ministerio, Airbnb mantuvo publicados 65.122 anuncios que incumplían la normativa básica:
- Ofertaban alojamientos turísticos sin la licencia obligatoria.
- Utilizaban números de registro falsos o incorrectos para burlar los controles.
- Ocultaban la identidad real de los anfitriones, impidiendo saber si eran particulares o empresas.
Para Consumo, esto no fue un simple despiste, sino una práctica comercial «desleal» y «engañosa» que confundía a los usuarios y violaba las normativas autonómicas.
Una sanción calculada: seis veces el beneficio obtenido
La cuantía de la multa no es aleatoria. Los 64 millones de euros equivalen a seis veces el beneficio ilícito que la plataforma obtuvo gracias a esos anuncios ilegales durante el tiempo que ignoró los avisos del Ministerio. Bustinduy ha sido tajante al respecto: la empresa siguió lucrándose a sabiendas de que estaba actuando de forma irregular hasta que finalmente retiró los anuncios.
Además de pagar, Airbnb tendrá que cumplir dos castigos adicionales: eliminar definitivamente todo el contenido ilícito y hacer pública la sanción, una medida pensada para dañar la reputación de las malas prácticas.
Ofensiva general en el sector de la vivienda
Esta multa se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para frenar los abusos en el mercado inmobiliario. El ministro ha recordado que la vivienda es una prioridad absoluta y ha vinculado estas prácticas con la expulsión de los vecinos de sus barrios. «Mientras unos pocos se enriquecen, miles de familias viven al límite», ha lamentado.
De hecho, esta acción llega apenas una semana después de que el mismo Ministerio multara con 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por cobrar comisiones abusivas a los inquilinos, confirmando que la lupa de la inspección sigue puesta sobre todo el sector.
