Efectivos de la Guardia Civil, en el marco de la Operación PELLETBLESSED, desarticularon varios entramados delictivos dedicados a la estafa mediante la suplantación online en la venta de pellets. Como resultado 12 personas, con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años, fueron puestas a disposición judicial tras haber sido localizadas en distintos puntos del territorio nacional -Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia e Islas Canarias-.
Ical.- La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la empresa Burpellet, afincada en Burgos y principal afectada, después de que numerosas personas contactaran telefónicamente con la sociedad reclamando pedidos adquiridos, supuestamente, a través de su página web. Tras diversas comprobaciones, se constató que dichas compras no se habían realizado en la dirección electrónica propia de la firma, sino en páginas ajenas que suplantaban su marca comercial, contenido, datos mercantiles y teléfono de contacto, induciendo así a error a los compradores.
Como consecuencia, efectivos del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de Burgos iniciaron las gestiones necesarias para la identificación de los responsables, el bloqueo de los dominios fraudulentos y la recuperación del dinero defraudado, según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Con el avance de la investigación, se han logrado identificar 27 páginas web relacionados con la estafa -algunas de ellas extranjeras-, así como 40 cuentas bancarias utilizadas para canalizar los pagos de las víctimas. Hasta el momento, se han contabilizado más de 150 perjudicados distribuidos por todo el país, si bien no se descarta que el número sea mucho mayor, con un perjuicio económico que se estima por encima los 200.000 euros.
A su vez, las pesquisas practicadas han permitido constatar que parte del dinero habría sido transferido a países del sur de África, mientras que otro porcentaje se distribuía entre los miembros del entramado asentados en España, mediante continuos movimientos económicos destinados a dificultar su seguimiento. A los implicados se les atribuyen los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, así como otros tipos delictivos relacionados con la propiedad intelectual e industrial, por el uso no autorizado de las marcas y diseños de la empresa afectada.
Tanto las diligencias instruidas como los presuntos autores de los hechos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Salas de los Infantes. La investigación continúa abierta para garantizar el total esclarecimiento de los hechos, por lo que no se descarta la práctica de nuevas detenciones en un futuro.
