El Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en El Tejado de Béjar hace pública este martes una situación de alerta sanitaria por “múltiples incumplimientos legales” en el agua de consumo, unos hechos que el Ayuntamiento del municipio, aseguran, mantiene silenciados desde hace cinco meses.
De este modo, advierten de que según el boletín de análisis de julio, el agua de la red municipal de El Tejado incumple con los requisitos mínimos de salud pública “por tres frentes distintos”:
- Exceso de Clorato: El informe arroja un valor de 1.39 mg/L, lo que supone prácticamente el doble del límite legal de 0.70 mg/L. “El exceso de clorato suele deberse a una deficiente gestión del desinfectante y puede afectar a la salud a corto y medio plazo”, explican desde UPL.
- Ácidos Haloacéticos (AHAs): Se han detectado 72 µg/L, lo que supera el umbral de seguridad de 60 µg/L. “Estos son químicos derivados de la reacción del cloro con suciedad orgánica en el agua”, apunta el partido.
- Corrosividad extrema: El Índice de Langelier de -1.9 confirma que “el agua es altamente agresiva, lo que provoca la corrosión”, asegura UPL.
A esta alarmante situación química se une, tal y como apuntan desde UPL, un “episodio de riesgo biológico”. Así, señalan que el pasado 7 de diciembre efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y autoridades de Sanidad “tuvieron que intervenir ante la aparición de un cadáver de jabalí en la zona de captación de agua”, hechos que UPL define como “la gota que colma el vaso”.
Pese a que personal vinculado al Ayuntamiento, gobernado por el PP, “aseguró públicamente que se realizarían análisis inmediatos, quince días después la población sigue sumida en la incertidumbre y sin un bando oficial que aclare el estado sanitario del suministro”.
Responsabilidades y acciones legales
“No estamos ante un error puntual, sino ante una ocultación deliberada de información esencial para la salud de los vecinos. El hecho de que el Ayuntamiento no haya emitido un bando indicando que el agua del grifo no es apta para el consumo lo demuestra”, asegura la agrupación municipal de UPL, que ha puesto estos hechos en conocimiento del Servicio Territorial de Sanidad.
Se trata, según advierte, de “unas negligencias que pueden derivar en sanciones de hasta 600.000 euros para el Ayuntamiento e incluso en responsabilidades penales para los responsables”.
