El Fiscal Anticorrupción retiró este miércoles, en el juicio que se viene celebrando en la Audiencia Provincial de Valladolid por el caso de la denominada ‘trama eólica’, sus acusaciones contra Rafael Icaza de la Sota, director de control de Iberdrola Renovables, y contra Pedro Barriuso, director general de Iberdrola Renovables entre marzo de 2002 y junio de 2006, así como contra el empresario César Hernández Chico.
ICAL. La propuesta del Fiscal también fue secundada por el resto de las acusaciones, incluida la popular, ejercida por Ecologistas en Acción, que solo presentaba cargos contra los directivos de Iberdrola, por lo que el presidente del tribunal se dirigió a los abogados de los tres acusados para comunicarles que su presencia en este proceso había terminado.
Para Icaza de la Sota y Pedro Barriuso el Ministerio Fiscal solicitaba para una uno seis años de cárcel por un delito continuado de cohecho y una multa de 100 millones de euros. Por su parte, Hernández Chico se enfrentaba a penas de siete años de prisión. Seis años por un delito de continuado de cohecho y uno por tráfico continuado de influencias, así como a multas que superaban el millón de euros.
Además, el Ministerio Fiscal y resto de las acusaciones también confirmaron la retirada de cargos contra el que fuera director general de Energía y Minas en Castilla y León, Manuel Ordóñez Carballada, que falleció en febrero de 2024, así como contra el empresario Marc Nadelar, por pérdida de sus facultades mentales.
Por su parte, la defensa de Rafael Delgado, principal encausado en la denominada ‘trama eólica’ y que se enfrenta a una pena de 36 años de cárcel y multas por 236 millones de euros, elevó a definitiva sus conclusiones, y también lo hizo el abogado Jesús Rodríguez Recio, acusado de ser el testaferro de Delgado y que se enfrenta a más de once años de cárcel. Mientras tanto, desde la defensa de los hermanos Llorente (Collosa), se reclamó al tribunal la prescripción de los delitos y, en el caso de ser condenados, la aplicación del atenuante de dilaciones indebidas y otra por ser investigados durante dos años por el Ministerio Fiscal sin su conocimiento.
Por su parte, desde la Abogacía del Estado se retiró la acusación por delito contra la Hacienda Pública contra Rafael Delgado relativa a la declaración de la renta del ejercicio 2011, pero mantuvo las correspondientes a 2012 y 2013.
El juicio, que arrancó el pasado mes de septiembre, entra en su recta final y está previsto que quede visto para sentencia el próximo 21 de enero. En las próximas jornadas será el turno de los informes definitivos de todas las partes, empezando mañana con el Fiscal y la Abogacía del Estado, en una jornada que continuará por la tarde con una de las acusaciones particulares.
