El nuevo modelo de financiación autonómica aumentará en 20.975 millones de euros los recursos para las comunidades de régimen común en 2027, año en el que el Ministerio de Hacienda espera que esté en vigor este sistema. De esta cantidad, a Castilla y León le corresponderían 271 millones, por detrás de Andalucía (4.846 millones), Cataluña (4.686 millones), Comunidad Valenciana (3.669 millones), Madrid (2.555 millones), Castilla-La Mancha (1.248 millones), Aragón (629 millones), Canarias (611 millones), Galicia (587 millones) y Baleares (412 millones).
Por su parte, Cantabria y Extremadura se verán beneficiadas por la reformulación del Fondo de Compensación Territorial, para establecer un tramo específico para las comunidades que antes del statu quo estén por debajo de la media de financiación por habitante ajustado. Por esta vía, Cantabria contará con 46 millones y Extremadura, con 216 millones.
Hoy, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó la reforma del sistema de financiación autonómica, una promesa del “inicio de legislatura” en la que llevan “mucho tiempo trabajando”. “Hemos analizado infinidad de propuestas, tanto de las comunidades autónomas como de los propios grupos de expertos, de centros de estudio… y, por tanto, nace este modelo con un largo proceso de estudio y de análisis”, apuntó Montero antes de pasar a explicar los cambios.
La ministra recordó que el modelo de financiación es el mecanismo para distribuir entre los gobiernos autonómicos los impuestos que pagan los ciudadanos y recibir así servicios públicos de calidad, con independencia del lugar en donde vive. El nuevo modelo presentado por Hacienda incrementa los porcentajes de cesión de impuestos a las comunidades para “reforzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal”.
Así, la cesión del IRPF pasará del 50 al 55 por ciento y la del IVA se elevará del 50 al 56,5 por ciento. Esta medida aumenta en unos 16.000 millones de euros para 2027, año en el que se espera que esté en vigor el modelo. También tendrán el 100 por 100 de los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, tributos sobre el juego y tasas y el Impuesto sobre Electricidad.
Otra de las novedades es la inclusión en la cesta de impuestos del Impuestos de Patrimonio, el Impuesto sobre Depósitos Bancarias, Impuestos sobre Actividades de Juego e Impuestos sobre residuos en vertederos, incineración y coincineración. Además, se mantiene el 58% de Impuestos Especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e hidrocarburos. “Antes eran objetos de las comunidades autónomas pero no se encontraban en la cesta global de reparto del sistema”, añadió Montero.
Hacienda recurrió al criterio de población ajustada para la distribución de los recursos entre las comunidades autónomas e incorporó mejoras metodológicas y una nueva variable específica para las comunidades que se enfrentan al problema de la despoblación. Otorgó un peso del 30 por ciento al padrón; un 38 por ciento para la población protegida; un 17 por ciento para la educación de habitantes de hasta 17 años; un 3,5 por ciento para la educación de habitantes entre 18 y 24 años y alumnos desplazados; así como un siete por ciento por servicios sociales para mayores de 65 años, y otro 1,5 por ciento para servicios sociales para parados sin prestación.
La superficie pesará un 1,6 por ciento; la dispersión, un 0,5 por ciento; y la insularidad, un 0,5 por ciento. Además, se incorpora un 0,4 por ciento de costes fijos, “para reconocer la dificultad existente por el tamaño en algunas comunidades para alcanzar economía de escala”.
Solidaridad
Tras ese reparto que contempla la cesión y capacidad tributaria, entra en juego el mecanismo de solidaridad interterritorial, que nivel el 75 por ciento entre la distancia de la financiación por habitante ajustado de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado.
“En esta fase, lo que hace cada comunidad es aportarle al conjunto del sistema el 75 por ciento del diferencial entre su financiación por habitante ajustado y los que la media del conjunto de territorio plantea por habitante ajustado”, detalló.
Por tanto, las comunidades con mayor capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media reciben recursos y aquellas que están por encima de la media aportan recursos.
“Con esto, además de garantizar la solidaridad interterritorial, reducimos la distancia de financiación per cápita, que era un objetivo inexcusable del nuevo modelo de financiación”, apuntó Montero, que defendió que servirá para cerrar la brecha de 1.500 euros por habitante entre la comunidad con mayor financiación y la menor. La comunidad con más recursos es la región de Madrid, por su mayor capacidad tributaria.
Estas fases de nivelación horizontal y vertical servirán para recortar la diferencia entre los que obtienen una mejor financiación por habitante ajustado. Montero agregó que los recursos que el Estado aporta a esta nivelación equivalen al cinco por ciento del rendimiento del IRPF.
En esta fase, el Estado aportará hasta 19.000 millones de euros, según los cálculos presentados por Hacienda. Por tanto, con el incremento de la participación del IVA y el IRPF y el aporte de más recursos del Estado quedaría configurado el 98,4 por ciento del total de recursos del sistema.
El PP
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, calificó hoy de “inaceptable” que Castilla y León vaya a recibir 271 millones de euros más con la nueva propuesta del de financiación autonómica.
Tras la rueda de prensa celebrada hoy por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que dio a conocer detalles del nuevo modelo de financiación autonómica, Carriedo aseguró que de los 21.000 millones de euros que hay a mayores en el sistema, a Castilla y León “sólo le va a tocar el 1,3 por ciento del total, cuando se trata de una autonomía que representa el 20 por ciento de la superficie de España”, lamentó.
En relación a los términos de recursos para cada habitante, el consejero apuntó que el Gobierno ha decidido que cada persona de Cataluña va a recibir 606 euros, cifra que baja hasta los 104 euros por cada ciudadano de Castilla y León, lo que supone “seis veces menos” y refleja “claramente la diferencia”, dijo.
“Hay una diferencia enorme entre los 4.700 millones de euros con los que se compra el apoyo de los partidos separatistas y los 271 millones de euros que se dan a Castilla y León. Son 17 veces más lo que se da a los separatistas, cuando Cataluña solo tiene tres veces la población de la Comunidad, pero nosotros tenemos tres veces más de superficie que ellos», aclaró Fernández Carriedo.
Es por ello que el portavoz del Ejecutivo autonómico dejó claro que se camina hacia un modelo “al gusto de los partidos separatistas”, quien recalcó que “nada bueno que defiendan los separatistas puede ser bueno para el conjunto de España ni para Castilla León”, subrayó.
Fernández Carriedo comentó que acudirán el próximo miércoles a la conferencia sectorial con el “ánimo de que retire el modelo de Oriol Junqueras” y se empiece a negociar “desde cero en condiciones de igualdad”. “Había que elegir entre el modelo de los separatistas o la igualdad, pero Pedro Sánchez ha optado por los separatistas”.
“Ayer nos hubiera gustado estar en esa reunión entre Pedro Sánchez y Junqueras, pero no se nos invitó. Hoy nos hubiera gustado que antes de hacer ese anuncio se nos hubiera convocado, pero es Junqueras quien anuncia el resultado del modelo y luego la ministra lo cuenta con más detalle”, lamentó. Carlos Fernández Carriedo criticó, al mismo tiempo, la reunión con Oriol Junqueras, al ser una persona que “ni siquiera es comunidad autónoma, ni es presidente de una comunidad autónoma”.
El Gobierno lo defiende
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, defendió este viernes la propuesta de modelo de financiación autonómica presentada esta mañana por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que según explicó conlleva para la autonomía “más recursos, reconocimiento de las singularidades del territorio y más igualdad”. Así, destacó que el nuevo reparto conllevaría 271 millones más al año para Castilla y León, lo que significaría 1.355 millones de 2027 a 2031, y esgrimió que la autonomía “no está en posición de desventaja estructural” respecto al resto “cuando se compara correctamente, ajustando por necesidades de gastos”.
En ese sentido, expuso que la Comunidad se sitúa “por encima de la media por habitante ajustado” y reclamó que el debate sobre el nuevo modelo “debe hacerse con cifras y metodología, no con titulares alarmistas”. Además, en declaraciones recogidas por Ical señaló que “una reforma de este calado debe debatirse y acordarse en los cauces institucionales y parlamentarios adecuados”, y pidió no anticipar acontecimientos: “Si en el resultado final no se protegiera la igualdad de Castilla y León seríamos los primeros en señalarlo, pero no hay que rechazar antes de tiempo”, exhortó.
Además, rehusó valorar si le parece justo que la autonomía acapare el 1,3 por ciento del incremento presupuestario global previsto para todo el país, frente al 23,1 por ciento de Andalucía, el 22,3 por ciento de Cataluña o el 5,9 por ciento de Castilla-La Mancha.
“No se trata de considerar el reparto considerarlo justo o injusto, sino de considerar la realidad, que es que Castilla y León contaría con 271 millones más al año, 1.355 millones para los próximos 5 años desde 2027, que redundarían en la mejora de los servicios públicos”.
El delegado del Gobierno defendió que esa partida extraordinaria supondría “la capacidad real de garantizar la sanidad, la educación, las políticas de vivienda, la mejora del transporte público y las condiciones de igualdad”, además de la prestación de la “sanidad, escuelas en el medio rural, residencias para los mayores o atención a la dependencia”.
En su opinión, “España tiene un sistema de financiación autonómica que lleva demasiado tiempo sin actualizarse”, algo que “genera incertidumbre y dificulta la planificación correcta de los servicios públicos”. “Un sistema desfasado no beneficia a nadie”, esgrimió antes de subrayar que la propuesta presentada hoy por el ejecutivo central “busca más recursos, reglas más justas y mayor transparencia para debatirla con las autonomías en los órganos previstos”.
Para Sen, “la mejor defensa de Castilla y León es participar con propuestas en espacios como el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, el foro que él considera adecuado para “pedir más recursos”, si bien consideró “difícil explicar que por un lado se reclamen más fondos y a la vez se rechacen los espacios de negociación”. “Castilla y León tiene argumentos sólidos, como el reconocimiento del coste de igualdad real, y eso es lo que hay que llevar a la mesa de negociación: propuestas y voluntad de acuerdo”, sentenció.
En ese sentido, Sen señaló que ahora el siguiente paso será la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera extraordinario, además de la celebración de reuniones bilaterales con las autonomías, espacios en los cuales “Castilla y León tendrá otra oportunidad de defender sus reivindicaciones, aunque anteriormente no haya querido participar de forma activa en estos organismos, que es donde se decide la política de financiación”.
“Una financiación adecuada”
En su intervención, Sen recalcó que “Castilla y León recibe hoy más que nunca una financiación adecuada”. Así lo subrayó antes de apuntar que en 2007 las entregas a cuenta de la Comunidad fueron de 5.924 millones, pero en 2024 superaron los 8.188 millones, en 2025 se situaron en 8.969 millones, y para 2026 hay una previsión de entregas a cuenta de 9.568 millones.
“Castilla y León recibe hoy alrededor de 3.600 millones más que en 2017, un incremento cercano al 61 por ciento. Esto es especialmente relevante para la autonomía más extensa del país, que tiene una gran dispersión territorial, y donde prestar los servicios públicos es objetivamente más costoso”, añadió además de explicar que este incremento de los recursos “no viene condicionado”, puesto que “el Gobierno respeta plenamente la autonomía financiera de las comunidades” y son las administraciones autonómicas las que deciden a qué destinan esas partidas.
Para él, “la propuesta no es neutra”, ya que “reconoce las singularidades territoriales, de forma especialmente clara en el caso de Castilla y León”, que consideró “la más beneficiada del criterio de población ajustada”, con un nuevo sistema que “contempla la superficie, dispersión de la población o envejecimiento”. “Eso no es ideología, sino realidad de costes. Castilla y León se beneficia de la solidaridad interterritorial y del nuevo fondo climático, que se contempla por primera vez en el modelo”, concluyó.
