El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes un nuevo paquete de medidas urgentes destinado a frenar los abusos en el mercado inmobiliario. A través de un real decreto que se aprobará en las próximas semanas, el Ejecutivo busca combatir la especulación mediante el control de los alquileres temporales y por habitaciones, ofreciendo a cambio incentivos fiscales a los propietarios que no suban los precios.
Las tres claves del nuevo decreto ley
El plan de choque se articula en tres ejes principales que, según Sánchez, buscan equilibrar la protección al inquilino con la seguridad del propietario:
- Bonificaciones fiscales: Los caseros que renueven sus contratos manteniendo el precio actual podrán beneficiarse de una deducción del 100% en el IRPF. El objetivo es compensar por vía impositiva lo que dejarían de ganar al no aplicar subidas de renta.
- Coto al alquiler de temporada: Se endurecerán las condiciones y el régimen sancionador para evitar que se use esta modalidad de forma fraudulenta para esquivar la Ley de Vivienda.
- Límite a los pisos por habitaciones: Para evitar que se cobre más alquilando estancias separadas que la vivienda completa, el decreto obligará a que la suma de las habitaciones no supere el precio del alquiler total del inmueble.
Impulso a la vivienda pública: 10.700 casas en Madrid
El anuncio ha tenido lugar en el barrio madrileño de Campamento, donde han comenzado los trabajos de demolición de los antiguos cuarteles militares. Este terreno, propiedad de Defensa, albergará la Operación Campamento: un proyecto de 10.700 viviendas que, según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, serán «100% de promoción pública» y estarán blindadas contra la especulación.
División en el bloque de investidura
Pese al optimismo del presidente, la propuesta ha abierto una brecha con sus socios. Sumar ya ha adelantado que no respaldará el decreto en sus términos actuales. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha calificado de «grave error» lo que considera «regalar dinero público a los rentistas», defendiendo que la solución pasa por regular precios y no por dar beneficios fiscales.
Por su parte, el ministro Pablo Bustinduy (Sumar) ha propuesto medidas más drásticas, como prohibir la compra especulativa y gravar a quienes posean más de cuatro casas. Desde Podemos, Irene Montero ha acusado al Gobierno de priorizar los beneficios de los propietarios sobre el derecho a la vivienda.
Ante las críticas, Sánchez se ha mostrado abierto a la negociación: «Vamos a trabajar este decreto con todos los socios de la coalición para sacarlo adelante en las próximas semanas», ha asegurado durante una comparecencia posterior en Moncloa.
