La Abogacía del Estado ha pasado a la ofensiva en la defensa del ex fiscal general, Álvaro García Ortiz. El organismo presentará un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que le condena a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por revelación de secretos.
Este movimiento es un paso técnico imprescindible: sirve para agotar la vía ordinaria y despejar el camino hacia un futuro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La Abogacía se alinea así con la propia Fiscalía del Supremo, que ya ha solicitado formalmente la anulación del fallo.
Paralización de la condena y nuevo destino
Además del recurso, la defensa de García Ortiz registrará un escrito para solicitar la suspensión cautelar de la ejecución de la sentencia. El objetivo es evitar que la inhabilitación se haga efectiva mientras se resuelven las impugnaciones.
En el plano profesional, el ex fiscal general ya ha movido ficha:
- Ha solicitado su incorporación como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo.
- Se trata de un destino con un perfil público bajo, buscando reducir su exposición mediática mientras se aclara su futuro.
- Pese a ostentar la máxima categoría (fiscal de Sala), su continuidad en la carrera está ahora en manos de la Inspección de la Fiscalía General.
El futuro de su carrera, en el aire
La gran incógnita ahora es cómo afectará la condena a su condición de fiscal. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal contempla medidas que podrían ir desde la suspensión hasta la expulsión de la carrera.
Aunque el Tribunal Supremo ha calificado la pérdida definitiva de la condición de fiscal como algo «excesivo», el alto tribunal ha matizado que las consecuencias administrativas de la condena no son de su competencia, dejando la decisión final en manos de los órganos internos de la Fiscalía.
