La Audiencia Nacional ha reactivado este lunes el juicio contra el expresidente catalán Jordi Pujol y sus hijos. La jornada ha estado marcada por el testimonio de su asesor fiscal, Josep Anton Sánchez Carreté, quien ha revelado que la familia ordenó regularizar sus fondos en Andorra de forma urgente el 7 de julio de 2014, el mismo día en que la prensa publicó sus movimientos bancarios.
Una regularización contra el reloj
Sánchez Carreté ha reconocido ante el tribunal que el proceso se hizo bajo una enorme presión temporal. Apenas unas semanas antes de la famosa confesión pública del expresident, los hijos de la familia se reunieron con él para presentar declaraciones complementarias ante Hacienda.
Según el testigo, el objetivo era legalizar una fortuna que había permanecido oculta durante décadas. Un año después, los abogados le entregaron un pendrive con datos bancarios completos para verificar si aquellas gestiones hechas «deprisa y corriendo» eran correctas o necesitaban rectificaciones.
El «pendrive» de la discordia
Este dispositivo de memoria es una pieza clave de la acusación, pero la defensa de los Pujol busca anularlo. Sánchez Carreté ha apoyado indirectamente la tesis de la familia al declarar que:
- Él entregó el dispositivo creyendo que el juez solo extraería información de Jordi Pujol Ferrusola.
- Sin embargo, la justicia acabó incorporando datos de todos los miembros de la familia.
- La defensa sostiene que este acceso masivo vulnera los derechos de sus clientes al exceder lo que permitía el auto judicial.
Sospechas de comisiones ilegales
En la sesión también ha comparecido Jordi Puig, exsocio del primogénito de los Pujol. Su testimonio es relevante para la Fiscalía, que sospecha que se utilizaron facturas falsas para blanquear dinero de comisiones.
Puig ha admitido que su empresa facturó unos 600.000 euros (102 millones de pesetas) a las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola entre 1996 y 1998 sin que existiera ningún contrato formal. El testigo ha justificado estos pagos como supuestas «labores de intermediación» para proyectos de infraestructuras en el extranjero, una explicación que otros empresarios citados hoy también han mantenido para justificar pagos millonarios al hijo mayor del expresidente.
