A principios de diciembre de 2024, circularon vídeos de Sirios, en distintas partes del mundo, celebrando la caída del régimen de Bashar al Assad, tras una contra-ofensiva estratégica de grupos rebeldes sirios sunís, vinculados históricamente a Al-Qaeda. Un escenario geopolítico adverso y una semana bastaron a los rebeldes dirigidos por el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), para tomar el poder en Damasco. Hoy, este régimen impuesto a la población enfrenta acusaciones de ejecuciones sumarias: más de 100 civiles Alauitas – minoría vinculada al antiguo régimen – han sido asesinados por milicias afines a las autoridades actuales.
La dinastía Al Assad gobernó Siria desde finales del siglo XX, llevando a cabo una estructura política represiva que aniquiló cualquier disidencia. En un principio, la población esperaba que la llegada al poder de Bashar al Assad en 2000 conllevase un régimen diferente, menos brutal y más abierto. Sin embargo, en 2011, la violenta represión de protestas pacíficas contra su régimen, dentro del contexto de la primavera árabe, desencadenó una guerra civil endémica. Una década después, el saldo era devastador: más de 500.000 muertos, 6 millones de refugiados y un régimen acusado de crímenes sistemáticos.
Mientras tanto, el régimen seguía perpetrando actuaciones brutales en contra de la dignidad humana de cualquier opositor pacífico al régimen. Esta faceta del sistema fue denunciada por Amnistía Internacional en 2017 mediante un informe sobre la prisión de Saydnaya, al Norte de Damasco, donde eran recluidos los opositores al régimen en condiciones infrahumanas, además de arbitrarias e ilegales, con más de 13.000 civiles ahorcados y cientos de prisioneros conviviendo con enfermedades, malos tratos, abusos, tortura y el acecho de la muerte.
La situación de Bashar al Assad se complicó a finales de 2024, cuando la situación geopolítica de sus principales aliados se debilitaba; Hezbollah, como milicia libanesa chií que apoyaba al régimen chií de Al Assad, se vio debilitada por su conflicto con Israel, y los Hutíes de Yemen habían sido el blanco de varios ataques aéreos que los habían debilitado. Así mismo, Siria, eje clave en el corredor de armas entre Irán y Hezbollah, colapsó ante el avance rebelde.
El nuevo poder y la espiral sectaria: con la caída de Al Assad, Ahmed Al Sharaa, líder de HTS, asumió el control, pero su gobierno enfrenta resistencia de milicias alauitas (chíies) leales al antiguo régimen, concentradas en las costas. Algunas de estas milicias chiíes, no apoyadas por la población alauita, lanzaron ataques contra bases militares de las gobernaciones costeras, matando a 10 soldados suníes del régimen en funciones. La respuesta fue brutal: fuerzas de seguridad gubernamentales ejecutaron a civiles alauitas en represalias colectivas. Seguidamente, el 9 de Marzo, el presidente en funciones se comprometió a dar todas las respuestas necesarias ante estos excesos de ambas partes y juzgarlos, abriendo comisiones de investigación y de mantenimiento de la paz civil. Sin embargo, las comisiones creadas carecen de independencia: no protegen a testigos ni garantizan acceso a pruebas objetivas…
Pero, ¿quiénes son los Alauitas y por qué han sido víctimas de ataques? Los Alauitas son una rama minoritaria del Islam Chií, a la que pertenecía el antiguo presidente sirio al igual que su dinastía. Los Alauitas representan el 10% de la población siria, sobre todo en las zonas costeras, que consideran que el Imán Alí, primo y yerno de Mahoma era el legítimo heredero del Profeta. Desde las otras ramas del Islam, se considera a los Alauitas como “liberales” o “laicos”, por ejemplo, Al Assad no instaba a las mujeres a llevar el hijab, ni las obligaba a ayunar o a rezar. Según varios analistas, esta explosión de violencia en contra de los Alauitas proviene de las antiguas políticas de Al Assad, muy violentas hacia la población sunní, que es la principal corriente religiosa del Estado, aunque los Alauitas también eran víctimas de una gran represión si osaban disentir. Ahora, los Alauitas son víctimas de venganzas históricas.
Testimonios de los residentes de las zonas costeras recogidos por Amnistía Internacional, describen a militares irrumpiendo ilegalmente en sus domicilios, interrogando a residentes sobre su fe y disparando en la cabeza a quienes se declaraban alauitas y testimonios escalofriantes acerca de familiares de víctimas que vieron todo con sus propios ojos, y cuentan cómo fueron obligados a enterrar a sus seres queridos en fosas comunes, sin ritos religiosos, apilados los cadáveres los unos sobre los otros. Estas prácticas están prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, ya que las personas fallecidas deben ser enterradas, si es posible, según los ritos de la religión a la que pertenecían, y en principio, en tumbas individuales.
“Sin justicia, Siria corre el riesgo de volver a caer en un círculo vicioso de atrocidades y derramamiento de sangre”, advierte Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. La justicia es la deuda pendiente de Siria, y la impunidad de la era Assad no puede repetirse: el nuevo gobierno debe detener las ejecuciones extrajudiciales, investigar los crímenes de guerra y proteger a las minorías. De lo contrario, el país – ya fracturado – podría sumergirse en otra década de sangre.
Por. Lucía Almendros Zaragozá, defensora de los Derechos Humanos.
