El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, mostró este miércoles su «decepción» a la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el Ministerio de Hacienda presentó a las comunidades autónomas la propuesta de reforma del sistema de financiación que la titular del Departamento, María Jesús Montero, anunció ya el pasado viernes, y que parte de un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña.
«Hoy teníamos que haber venido aquí a hablar de cómo financiar los servicios públicos, porque el dinero de los españoles tiene que dedicarse a financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales y no a compensar pagos políticas al señor Junqueras a cambio de apoyos parlamentario a Pedro Sánchez», aseveró.
«La ministra no nos ha dado ningún dato nuevo que no conociéramos ya por la información que facilitó Junqueras y por su propia rueda de prensa de la semana pasada, y tampoco nos ha querido dar ninguna información de los datos desde los que se construye la evolución de este nuevo modelo», denunció el dirigente castellano y leonés, que lamentó que el Gobierno central hubiera dejado claro en la reunión «que no hay ningún margen para la posibilidad de renunciar a la propuesta que ha puesto sobre la mesa».
Se trata de una propuesta que, según detalló, «supone que una comunidad autónoma como Castilla y León, que tiene el 20 por ciento de la superficie de España y que tiene algo más del cinco por ciento de la población de las comunidades autónomas de régimen común, solo va a recibir el uno por ciento de los nuevos fondos que se van a repartir en el contexto nacional».
Por ello, para la Junta el proyecto de Montero «es un reparto absolutamente injusto que no podemos apoyar». «Este es un modelo malo para toda España, es malo para el conjunto de sus comunidades autónomas y es particularmente malo para Castilla y León», destacó, reiterando que «no hay ninguna amenaza» que haga que el Gobierno regional de Alfonso Fernández Mañueco vaya a cambiar de opinión «porque vamos a defender los intereses de Castilla y León».
Remarcó que siempre han afirmado que los impuestos españoles tienen que “dirigirse a financiar los servicios públicos de todos los españoles”. «Y no a pagar favores políticos a partidos independentistas a cambio de apoyo parlamentario», insistió Carriedo que denunció, además, la manera de actuar del Ministerio comandado por Montero.
«Hace apenas dos meses tuvimos el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, el día 17 de noviembre, y la principal conclusión es que todas las comunidades autónomas teníamos la mano tendida para avanzar en un proceso de negociación para un nuevo modelo de financiación autonómica. Dos meses después lo que tenemos encima de la mesa es un modelo pactado con Oriol Junqueras», explicó el consejero. Así, incidió en que este proyecto «es claramente perjudicial para el conjunto de España y para el conjunto de sus comunidades autónomas». En este sentido, quiso dejar claro que «todas las comunidades autónomas menos una (en referencia a Cataluña) nos oponemos a este modelo de financiación».
En manos del Congreso
Cuestionado por la ‘hoja de ruta’ que maneja el Ministerio para poner en marcha esta reforma del sistema de financiación, Carriedo señaló que la ministra ya ha avisado a las comunidades que el modelo se aprobará en el Congreso «y, por tanto, el papel de las comunidades autónomas a su juicio no es necesario».
Se trata de una circunstancia con la que la Junta de Castilla y León no está de acuerdo: «Nos parece que un modelo de negociación de las comunidades autónomas sin las comunidades autónomas queda absolutamente parcial». «La ministra prefiere negociar con Oriol Junqueras que negociar con las comunidades autónomas de España», enfatizó.
En este sentido, insistió en que ahora todo dependerá «de los grupos parlamentarios», ya que Montero «no va a renunciar a esta reforma, va a continuar». Eso sí, aclaró que desconoce si el Gobierno cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante el proyecto: «A esa pregunta tendrán que responder a los grupos parlamentarios es España, pero esta legislatura ya hemos visto que se han aprobado cosas que han sido malas para España», apuntó.
El PSOE
Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, reiteró que la propuesta del Gobierno respecto a la financiación autonómica es “tremendamente injusta e insuficiente” para una Comunidad con 95.000 kilómetros cuadrados, 2,5 millones de habitantes y 2.248 municipios, por lo que apostó por “dar una vuelta en profundidad» al modelo que presenta este miércoles la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades.
Carlos Martínez, tras participar en Soria en la inauguración de las jornadas ‘Impulsando la puesta en valor de los ecosistema forestales’ de la Fundación Biodiversidad, se refirió al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra esta mañana en el que se debatirá la propuesta de reforma del sistema presentada el pasado viernes por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda.
Al respecto, el candidato socialista a la Junta exigió una financiación basada en el coste efectivo de los servicios, que tenga en cuenta la dispersión de la población, y señaló que no es de recibo la diferencia que existe entre los 271 millones de euros que se pone encima de la mesa para Castilla y León y el resto de comunidades.
“Además hay cuestiones que chirrían porque hay una diferencia también con Castilla-La Mancha. Prácticamente se multiplica por cinco y por seis, cuando Castilla-La Mancha tiene unas características muy similares a la nuestra, es un poquito más pequeña en cuanto a superficie y con un poco menos de población. Es verdad que ellos están ganando población y nosotros perdiéndola. Hay que ver qué se está haciendo bien en Castilla-La Mancha y qué estamos haciendo mal en Castilla y León”, puntualizó.
Asimismo, Carlos Martínez apostó por dejar de “patalear” respecto a la propuesta de financiación “injusta e insuficiente”, e insistió entablar un diálogo que beneficie a los intereses de Castilla y León.
En este aspecto, indicó que tampoco no es tiempo de impugnar ante el Tribunal Constitucional ninguna propuesta, ya que no está aprobada y sí de sentarse para abordar las necesidades de la Comunidad e incluso confrontar con otras autonomías que en la defensa legítima de sus intereses quieren que se tenga en cuenta criterios relacionados con el número de habitantes.
Finalmente, afirmó que no entiende el posicionamiento del presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ya que a su juicio se opone absolutamente a todo lo que hace el Gobierno de España, pero, agregó, que desde el PSOE de Castilla y León se defenderá los intereses de la Comunidad y se exigirá que “pondere mucho más y con mayor fortaleza” el coste de los servicios en función del envejecimiento, la dispersión de la población y la superficie.
