La reforma del sistema de financiación autonómica ha arrancado con un choque frontal entre el Gobierno y las comunidades. En una tensa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), todas las autonomías —con la única excepción de Cataluña— han dado la espalda a la propuesta presentada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El encuentro, que se prolongó durante más de cuatro horas, evidenció una fractura profunda. Los gobiernos del PP han rechazado de plano el plan al considerar que es un producto «precocinado» con el independentismo catalán. La sensación general entre los barones populares fue de «decepción», calificando de «palabrería» una propuesta que, a su juicio, carece de detalles técnicos y nace de un acuerdo previo con ERC.
Pero las críticas no solo han llegado desde la derecha. El socialista Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) ha sido uno de los más beligerantes, denunciando lo que considera un «privilegio» otorgado a quienes buscan «romper España». Incluso desde Asturias, también gobernada por el PSOE, se ha afeado el método de Montero: su vicepresidenta, Gimena Llamedo, criticó que se les pida adherirse a un contrato ya firmado, comparando la situación con un «plato precocinado» que no resulta de una negociación real con todos.
La defensa de Montero: «Es falso que se ideara para Cataluña»
Ante el aluvión de críticas, María Jesús Montero ha pasado a la ofensiva. La ministra ha acusado a los consejeros de «contar mentiras» y ha negado rotundamente que el sistema sea insolidario o que busque fragmentar la Agencia Tributaria. Según Hacienda, el modelo es legítimo porque emanará del Congreso y permitirá una inyección extra de 21.000 millones de euros.
Montero ha recordado que el sistema será voluntario: las comunidades podrán elegir entre el nuevo modelo o mantenerse en el actual (aunque sin la condonación de deuda asociada). Además, ha justificado el movimiento del Gobierno ante la «negativa permanente» del PP a negociar una alternativa y las posturas de máximos de las autonomías, que hasta ahora habían bloqueado cualquier avance.
Próximos pasos: negociaciones bilaterales
Pese al rechazo inicial, el Gobierno no frena. Montero ha anunciado una ronda de reuniones técnicas bilaterales para intentar convencer a los territorios. Aunque en el CPFF el Gobierno cuenta con el 50% de los votos y solo necesita el apoyo de una comunidad para sacar adelante sus planes, el camino político se prevé tortuoso.
Mientras el PP pide a los presidentes socialistas que pasen de las palabras a los hechos en la votación final, Cataluña —bajo la presidencia de Salvador Illa— ya ha bendecido el sistema, calificándolo como «el mejor de la historia».
