La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dado el primer paso en la investigación contra el cantante Julio Iglesias desvelada por elDiario.es y Univisión. El Ministerio Público tomará declaración a las dos mujeres que denunciaron al artista por graves delitos que incluyen presunto abusos sexuales, lesiones, trata de seres humanos y vulneración de los derechos de los trabajadores.
Testigos protegidos y un entorno de «intimidación»
Las denunciantes, asesoradas por la organización Women’s Link, comparecerán como testigos protegidos para salvaguardar su identidad y evitar la revictimización. Los hechos habrían ocurrido en 2021 en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas.
Según la denuncia, las empleadas vivieron un clima de «intimidación constante» que incluía desde el control de sus comunicaciones hasta exámenes ginecológicos obligatorios. La organización apunta además a una red de colaboradores que facilitaba la captación y el traslado de las víctimas, aprovechando su situación de vulnerabilidad laboral.
¿Por qué se investiga en España?
Aunque los presuntos abusos se cometieron fuera de nuestras fronteras, la defensa ha optado por la justicia española al considerar que los convenios internacionales, como el Convenio de Estambul, ofrecen un marco más sólido para este tipo de casos.
De momento, el proceso se encuentra en fase de diligencias de investigación. La Fiscalía dispone de un plazo inicial de seis meses para decidir si judicializa el caso o lo archiva por falta de indicios.
Reacciones políticas: del apoyo gubernamental a la cautela del PP
El caso ha provocado un intenso debate en la esfera política:
- Gobierno: La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha garantizado que se llegará «hasta el final», recordando que la ley española es clara: «Si no hay consentimiento, hay agresión».
- Partido Popular: Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado «muy sorprendido» y ha pedido responsabilidad para investigar la veracidad de unas acusaciones que califica de «muy graves», evitando especulaciones. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso defendió previamente el prestigio del artista y criticó a la izquierda por lo que considera un uso político del caso.
- Reconocimientos públicos: Algunos partidos, como Compromís, ya han propuesto retirar el nombre del cantante de espacios públicos (como el auditorio de Benidorm), aunque desde el ayuntamiento alicantino piden esperar a la evolución judicial y respetar la presunción de inocencia.
El caso, que salió a la luz tras una investigación de elDiario.es y Univisión, es visto por colectivos como Amnistía Internacional como un potencial «punto de inflexión» para visibilizar los abusos de poder en entornos domésticos de alto nivel.
