La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha anunciado que ya dispone de los fondos necesarios para cubrir íntegramente la multa y la indemnización impuestas al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El exjefe del Ministerio Público fue condenado recientemente por revelación de secretos tras la filtración de un correo relacionado con el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La respuesta de sus compañeros ha sido fulminante. En apenas unos días, una campaña de solidaridad interna ha logrado reunir los 17.200 euros que García Ortiz debe abonar: 7.200 euros de sanción penal y 10.000 euros en concepto de daños morales al demandante.
Un «gesto ético» frente a la soledad institucional
Desde la UPF insisten en que esta colecta no tiene una motivación puramente económica, sino profundamente ética y profesional. Según la asociación, el objetivo era evitar que un servidor público «se quede solo» por actuar en defensa de la institución y de la «verdad», tal y como sostuvo el propio García Ortiz durante el juicio.
- Participación transversal: En la recaudación han participado fiscales de todas las categorías y territorios.
- Apoyo civil: Sorprendentemente, la asociación afirma haber recibido donaciones de ciudadanos ajenos a la carrera judicial que deseaban mostrar su apoyo.
Defensa del servicio público
El comunicado de la asociación subraya que García Ortiz «asumió en primera persona una responsabilidad que protegía a la Fiscalía en su conjunto». Para los promotores de la iniciativa, este gesto colectivo no solo ayuda al ex fiscal a saldar su deuda con la justicia, sino que sirve para reivindicar la dignidad del servicio público y la independencia de los profesionales frente a las presiones externas.
Con este pago garantizado, la UPF cierra filas en torno a su antiguo referente, transformando una condena judicial en un símbolo de cohesión interna para el sector progresista de la judicatura.
