La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias por falta de competencia territorial

(Archivo)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual y otros delitos. La razón no entra en el fondo de las acusaciones, sino en una cuestión técnica insalvable: la justicia española no tiene jurisdicción para investigar los hechos denunciados.

Sin vínculos para juzgar en España

Tras escuchar el testimonio de dos extrabajadoras del cantante, que declararon como testigos protegidos, el Ministerio Público ha concluido que España no puede intervenir en el caso. Los argumentos clave son:

  • Lugar de los hechos: Los presuntos abusos (que incluían acusaciones de trata de personas, malos tratos e incumplimientos laborales) habrían ocurrido íntegramente en la República Dominicana y las Bahamas.
  • Residencia de los señalados: Ni Julio Iglesias ni los otros dos denunciados (de nacionalidad colombiana y brasileña) residen en España ni tienen aquí su centro de actividad principal, más allá de poseer inmuebles.
  • Ausencia de «vínculo personal»: Las denunciantes no tienen vínculos que justifiquen la competencia española, y no consta que las autoridades de los países donde ocurrieron los hechos hayan renunciado a investigarlos.

Un caso de 2021

La denuncia, impulsada con el apoyo de la organización Women’s Link, sostenía que España era el lugar idóneo para que el proceso prosperase. Las trabajadoras relataron abusos ocurridos presuntamente en 2021, describiendo un entorno de control absoluto donde incluso se las habría sometido a pruebas de enfermedades de transmisión sexual antes de ser contratadas.

La respuesta del artista

Desde que saltó la noticia, el equipo legal de Julio Iglesias solicitó el archivo inmediato de las pesquisas. El propio cantante utilizó sus redes sociales para desmentir las acusaciones de forma tajante, asegurando que «jamás ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer».

Con este carpetazo de la Fiscalía, la vía penal en España queda agotada, dejando cualquier posible acción legal supeditada a los tribunales de los países donde se sitúan los hechos.

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