La Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo prometió una residencia para discapacitados femeninos adultos, y los Presupuestos Generales del Estado de 1985 recogieron las partidas para el Centro de Discapacitados Profundos y Severos, CDPS, y para la construcción y equipamiento de un Centro de Rehabilitación de Toxicómanos. La adjudicación del CDPS se hizo en 1985 por un valor de 140 millones de pesetas.
En el verano de 1985 firmé con el consejero de Bienestar Social, Ignacio Santos, un convenio en materia de Servicios Sociales. Ignacio había sido concejal en el Ayuntamiento de Salamanca durante unos días antes de ser llamado por Demetrio Madrid para entrar en el Gobierno de Castilla y León. Se comprometió en serio con la ciudad e invirtió 125 millones de pesetas en Salamanca. Con sus inversiones nos anticipábamos a la puesta en vigor de la Ley de Servicios Sociales.
El convenio con la Junta suponía afrontar de una vez la escasez de guarderías infantiles, programar los servicios sociales básicos, atender a los discapacitados, crear centros de planificación familiar y acometer los problemas de consumo.
Se construyeron una nueva guardería en Pizarrales, dos centros de Servicios Sociales y hogares para discapacitados psíquicos. Se creó un plan conjunto de planificación familiar y otro para la defensa de los consumidores. Las guarderías de la Junta de Castilla y León en Salamanca eran insuficientes.
Estaban abiertas Lazarillo de Tormes, Virgen de la Vega, el centro infantil los Charros, el mediopensionista del colegio Victoria Adrados y la guardería de San Bernardo.
A estas instalaciones se les unió la que se construyó en nuestro mandato en Pizarrales. Todas ellas, aunque insuficientes, suponían una buena base de partida en la oferta pública. La guardería de Pizarrales se construyó con una subvención del 70% de la Junta. El otro 30%, los terrenos y el amueblamiento corrieron por parte del Ayuntamiento.
