La justicia ha cerrado la puerta a las acusaciones del PSOE y Podemos contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha archivado las denuncias por presunta prevaricación en la gestión de contratos de emergencia durante la pandemia, al considerar que no existen indicios de criminalidad, a pesar de admitir que se cometieron fallos administrativos.
En un auto contundente, el magistrado José Antonio Gómez rechaza abrir una investigación exhaustiva contrato por contrato, argumentando que no se puede someter a la administración a una «investigación prospectiva» sin fundamentos sólidos, lo que vulneraría derechos constitucionales básicos.
Irregularidades «puntuales», no prevaricación
El juez reconoce que el SAS incurrió en «aspectos puntuales que no cumplen la normativa». Sin embargo, aclara un concepto jurídico clave: la suma de muchas irregularidades administrativas no equivale automáticamente a un delito de prevaricación.
Para que exista delito, debe haber una voluntad consciente de saltarse la ley, y el magistrado sostiene que:
- La gestión fue «razonable»: Dada la situación de emergencia, el procedimiento se ajustó a la excepcionalidad del momento.
- Sin ocultación: El juez subraya que el sistema de control de la propia Junta permitió detectar los fallos, lo que demuestra que no hubo intención de «vulnerar los controles».
- Contratación libre: Recuerda que la ley de emergencia permite contratar de forma directa y libre, lo que limita la necesidad de expedientes previos.
El origen de la polémica: 242 millones bajo sospecha
El conflicto se remonta a 2024, cuando el PSOE denunció el mantenimiento de contratos «a dedo» por un valor de 242 millones de euros en una etapa en la que, a su juicio, la urgencia de la Covid-19 ya había pasado. La querella se dirigía contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.
El archivo llega apenas unos días después de la declaración de la exviceconsejera de Salud, Catalina García, quien atribuyó a los técnicos la decisión de cambiar los protocolos de fiscalización, mientras que estos habían apuntado previamente a los responsables políticos.
Recomendaciones, no condenas
Aunque el caso se cierra por la vía penal, el juez no da un «cheque en blanco» al SAS. El auto incluye una serie de advertencias y recomendaciones para subsanar los errores detectados, dejando claro que, aunque no se ha cruzado la línea del código penal, la gestión administrativa tuvo deficiencias que no deben repetirse.
