El Gobierno aprobó este martes el real decreto por el que se regularizará de forma extraordinaria a alrededor de 500.000 inmigrantes, entre las que estarán solicitantes de asilo en España que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y quienes acrediten un mínimo de cinco meses en España desde antes de esa fecha. Esta será la sexta regularización desde la recuperación de la democracia, y la segunda mayor después de la de 2006 (fue de 576.000).
Así lo explicó la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que dijo que se espera iniciar los tramites de regulaciones en abril.
Otro de los requisitos para los solicitantes será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de derecho. Los solicitantes deberán acreditar la permanencia en España con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos, tales como, por ejemplo, contratos trabajo, alquiler o informes sanitarios. La autorización por la que se les regularizará será de residencia con permiso de trabajo, válida en toda España y para cualquier sector.
La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, favoreciendo una integración “progresiva y estable”. Además, se protegerá la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos menores de los solicitantes que ya estén en España. En este caso, su vigencia será de cinco años.
El Gobierno y Podemos han sellado un acuerdo para poner en marcha una regularización extraordinaria que permitirá a unos 500.000 extranjeros obtener permisos de residencia y trabajo. Esta medida, justificada por el Ejecutivo como una «urgencia social», busca garantizar la integración laboral y los derechos fundamentales de miles de personas que actualmente viven en la sombra administrativa.
Aunque no es la primera vez que se recurre a este mecanismo en democracia —España suma ya siete procesos similares—, las cifras actuales compiten en magnitud con la gran regularización de 2005 bajo el mandato de Zapatero, que benefició a más de 576.000 personas. La ministra Elma Sáiz ha calificado la jornada como un «día histórico», defendiendo la vía del Real Decreto como la fórmula más eficaz para dar una respuesta inmediata y conforme al marco legal europeo.
Puntos clave de la regularización
Para entender cómo funcionará este proceso, estos son los ejes fundamentales aprobados por el Consejo de Ministros:
1. Requisitos de residencia y perfil
- Permanencia mínima: Deben acreditar haber residido de forma continuada en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.
- Protección internacional: Los solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes de esa misma fecha entran en el proceso sin necesidad de cumplir el requisito de tiempo previo.
- Documentación: La estancia se podrá demostrar con cualquier documento público o privado.
- Seguridad: Es indispensable no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.
2. Características del permiso
- Alcance: Otorga autorización de residencia y trabajo válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector económico.
- Vigencia: El permiso inicial dura un año. Tras ese periodo, el beneficiario podrá transitar hacia las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.
- Protección a menores: Los hijos menores que ya estén en España recibirán una autorización de cinco años.
3. Plazos y procedimientos
- Solicitudes: Se estima que el plazo abra a principios de abril y cierre el 30 de junio.
- Vía rápida para trabajar: Aunque la resolución final puede tardar hasta tres meses, el solicitante podrá empezar a trabajar solo 15 días después de que su solicitud sea admitida a trámite.
- Canales: Se habilitarán vías telemáticas, oficinas de la Seguridad Social y delegaciones del Gobierno.
