En una jornada parlamentaria de alta tensión, el Gobierno ha sufrido su primera gran derrota del año. El Congreso de los Diputados ha rechazado el esperado «decreto ómnibus», un paquete legislativo que blindaba la subida de las pensiones y prorrogaba medidas de protección social como la paralización de desahucios. Sin embargo, el Ejecutivo ha logrado salvar in extremis las ayudas al transporte público.
Una pinza parlamentaria frena las medidas sociales
La caída del decreto ha sido el resultado de una suma de fuerzas poco habitual. Al «no» rotundo de PP y Vox se unió finalmente Junts, bloqueando un texto que el Gobierno consideraba de «urgencia social». El punto de fricción no ha sido el fondo, sino la forma: la oposición critica que el Ejecutivo haya mezclado en un mismo documento medidas tan dispares como la revalorización de las pensiones y la normativa sobre vivienda.
«Pensiones sí, ocupaciones no», resumió Míriam Nogueras (Junts), sintetizando el malestar de los grupos que rechazan que la subida a los jubilados se utilice para validar lo que consideran medidas que favorecen la ocupación ilegal o castigan al pequeño propietario. Desde el PP, se acusó al Gobierno de usar a los pensionistas como «rehenes» y exigieron un «decreto limpio» dedicado exclusivamente a la actualización de las rentas según la inflación.
El transporte se salva, pero sin consenso total
A diferencia del bloque social, el decreto que prorroga las ayudas al transporte público sí ha superado el examen parlamentario. Esta medida asegura:
- La continuidad de las bonificaciones en títulos estatales y autonómicos.
- Descuentos de hasta el 100% para niños y jóvenes.
- La creación de un nuevo abono único estatal.
Aun así, la votación dejó cicatrices. El PP votó en contra alegando que esos fondos deberían destinarse al mantenimiento de infraestructuras, mientras que Podemos también se desmarcó al exigir que el transporte sea totalmente gratuito.
¿Qué pasa ahora con las pensiones?
Pese al cruce de reproches —con el ministro Félix Bolaños acusando a la oposición de «dañar a los ciudadanos» y la vicepresidenta Yolanda Díaz advirtiendo del golpe a 10 millones de pensionistas—, la puerta no está cerrada. El PP ha recordado que el Gobierno todavía está a tiempo de presentar un nuevo decreto centrado solo en las pensiones, lo que obligará al Ejecutivo a decidir si cede ante sus socios y la oposición o si busca una nueva estrategia para salvar su agenda social.
