En Estados Unidos, supuesta cuna de la libertad, la tasa de reclusos supera los 500 por cada 100.000 habitantes; por el contrario, en países europeos como Holanda, la tasa está por debajo de los 70 presos por cada 100.000 habitantes; esta disparidad saca a la luz que el sistema penitenciario no es más que un reflejo de la sociedad y el contexto político en la que se encuentre.
Las cárceles han sido concebidas a lo largo de la historia como lugares donde rehabilitar y reintegrar en la sociedad a personas que infringieron las normas establecidas; sin embargo, esto dista soberanamente de la realidad actual de las cárceles. En numerosos rincones del mundo, las cárceles se han convertido en lugares donde hasta los Derechos Humanos más básicos se ven vulnerados, transformándose así en escenarios de violencia, tortura, deshumanización y sufrimiento humano casi de forma sistemática.
Revisar lo que está ocurriendo en estos centros penitenciarios es de máxima urgencia y necesidad, ya no solo por la carga ética del asunto, sino también porque se refleja la injusticia, desigualdad y falta de dignidad más que presentes en nuestras sociedades. Como señala Angela Y. Davis en una de sus más conocidas obras, Are Prisons Obsolete?, “las prisiones no hacen desaparecer los problemas sociales, hacen desaparecer a los humanos”; por esto cada día se vuelve más necesario el cuestionamiento de los sistemas penitenciarios actuales y el trabajo como sociedad de redefinir ciertos conceptos como castigo, justicia o reinserción, buscando alternativas reales y efectivas para el cambio que respeten los derechos de todas las personas, estén donde estén.
Según el Institute for Crime & JusticePolicy Research de 2024, más de 11 millones de personas en el mundo sufren encarcelamiento; donde más ha crecido durante las últimas décadas ha sido en Oceanía, el sudeste asiático y algunos países de Centroamérica, debido al fuerte impulso de las políticas de mano dura contra el crimen y a la criminalización de la pobreza. Por ejemplo, en Estados Unidos, supuesta cuna de la libertad, la tasa de reclusos supera los 500 por cada 100.000 habitantes; por el contrario, en países europeos como Holanda, la tasa está por debajo de los 70 presos por cada 100.000 habitantes; esta disparidad saca a la luz que el sistema penitenciario no es más que un reflejo de la sociedad y el contexto político en la que se encuentre.
Por otro lado, y hablando de la normativa vigente sobre los derechos humanos en los centros penitenciarios, hay marco normativo -aunque de irregular uso-; este tiene sus comienzos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo quinto artículo prohíbe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes bajo cualquier circunstancia. Posteriormente, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos repite dicha prohibición y añade en su décimo artículo que “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con respeto a la dignidad inherente al ser humano”. Años más adelante, en 1984, la Convención contra la Tortura obligó a los Estados a prevenir y sancionar los malos tratos; compromiso que fue ampliado en 2002 con el Protocolo Facultativo (OPCAT por sus siglas en inglés) y que fue creado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura y que exigía a los Estados designar “Mecanismos Nacionales de Prevención”. Entre los más recientes -no por ello efectivo-está la Revisión de 2015 de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos -bautizadas posteriormente como Reglas de Nelson Mandela-.
Informes recientes de Amnistía Internacional sacan a la luz que la brecha entre la norma y la práctica sigue siendo exageradamente profunda; muestran que la tortura, el hacinamiento y la denegación de atención médica continúan siendo prácticas habituales.
Por ello, a pesar del marco normativo existente, las cárceles siguen sin ser espacios seguros para los D.D.H.H. Según el World Prison Brief de 2024, el hacinamiento es una de las violaciones de derechos más comunes; más de un 60% de las cárceles en el mundo operan por encima de su aforo. Esto provoca que haya dificultad de acceso a agua potable, a una higiene mínima y a una alimentación adecuada; todo eso sumado a la insalubridad del lugar, falta de camas y ventilación aumenta la prevalencia de problemas de salud mental y de propagación de enfermedades, -como se demostró en el COVID-19-.
Por otra parte -y como señala también el informe- la tortura, golpes, amenazas o el aislamiento prolongado son formas de control o castigo que siguen a la orden del día. De acuerdo con Angela Davis, en cierta manera la cárcel sustituyó el rol del control social tras la abolición de la esclavitud, replicando su opresión y explotación, compartiendo características como la disciplina o el trabajo forzoso. En muchos casos, la violencia sexual, hacia mujeres y personas LGBTI+, es tolerada o directamente perpetrada por los funcionarios. Es por esto por lo que las prisiones no son entornos neutrales, pues agudizan las desigualdades preexistentes. Por ejemplo, las mujeres suelen enfrentarse a instalaciones inadecuadas, negación de la asistencia médica/ginecológica y otras prácticas discriminatorias; especialmente las mujeres afroamericanas, latinas o nativas. Las personas trans son recluidas en cárceles que no corresponden con su identidad de género, exponiéndola a abusos constantes. Todos estos factores se combinan y hacen de la estancia penitenciaria un auténtico infierno violento que reproduce los roles sexistas y racistas como fiel reflejo de la sociedad; como concluía Angela Davis, la masificación de las cárceles se debe más a dinámicas sociales y políticas que al aumento real del crimen.
Tras haber hablado de las principales vulneraciones, es necesario señalar contextos específicos donde han ocurrido estas atrocidades. Empezando por lo más cercano, tras la dictadura de Franco, entre 1975 y 1977, se liberaron más de 18.000 presos políticos. En Buenos Aires, durante el mandato de Videla se torturaba y asesinaba en los sótanos de la Escuela de Mecánica de la Armada a miembros de organizaciones o sindicatos de izquierdas. Quizás de las más “famosas”, Guantánamo, construida en 2002 con más de 700 presos árabes martirizados tras el 11-S con las “técnicas de interrogatorio mejoradas”, como el ahogamiento simulado o la privación del sueño. Actualmente más de 30 presos siguen encerrados y, según AI, no han sido formalmente acusados de ningún delito.
Pese a todos los ejemplos citados, desgraciadamente nos quedamos muy cortos, en otras instituciones ocurre lo mismo -CECOT en el Salvador, Ktzi´ot en Israel, Sednaya en Siria, etc.-Debido a ello se puede sacar en claro que, como afirma Emilia G. Morales en El Público: “El maltrato en las Prisiones de cualquier Estado es una extensión de la brutalidad policial y la impunidad con la que operan sus fuerzas y cuerpos de seguridad”.
La situación de los D.D.H.H. en las cárceles, lejos de ser un problema aislado, constituye una crisis estructural y global. Amnistía Internacional lleva años denunciando el hacinamiento, la violencia y la falta de justicia. Frente a ello, no basta con denunciar; debemos de repensar el sistema penal y de castigo. Como se ha demostrado, la prisión no resuelve los problemas sociales, los invisibiliza; y, mientras tanto, son los sectores empobrecidos, marginados, racializados y excluidos quienes siguen pagando el precio.
Por. Carlos Garrido Andújar, defensor de los Derechos Humanos.
