El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026, así como otras medidas relevantes en materia de Seguridad Social. La subida, efectiva desde el pasado 1 de enero, supone un incremento del 2,7% de las pensiones contributivas con carácter general.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha subrayado que con este real decreto ley, que recupera la subida aprobada en diciembre de 2025 que no se convalidó en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo «blinda el poder adquisitivo de los pensionistas» con una revalorización que supone 50 euros más al mes de media para cada pensionista.
La subida, ha recordado la portavoz, es mayor para los más vulnerables: las pensiones mínimas se incrementan más del 7%, un porcentaje que en el caso de algunas pensiones, como las pensiones mínimas con cónyuge a cargo o las pensiones de viudedad con cargas familiares, llegará hasta el 11,4%. También se incrementarán en un 11,4% las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.
Suministros básicos y desahucios
El Ejecutivo ha dado luz verde a otro real decreto ley con medidas del escudo social, entre las que Saiz ha destacado la extensión a todo 2026 de los descuentos del bono social energético y la garantía de suministro de agua, gas natural y energía eléctrica para consumidores vulnerables. La ministra también ha mencionado en este contexto los incentivos y beneficios fiscales para afectados por la Dana y por los incendios forestales del pasado verano.
El mismo texto incluye la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales durante 2026. «En el caso de las comunidades autónomas, estas entregas a cuenta se articularán mediante suplementos de crédito por valor de más de 3.000 millones de euros. Para las entidades locales serán idénticas a las establecidas en 2025, también financiadas mediante suplementos de crédito por valor de cerca de 3.800 millones de euros», ha explicado la portavoz del Gobierno.
Además, en materia de vivienda se extienden determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, como la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Como novedad, tal y como ha explicado la ministra, en el caso de propietarios de tres o más viviendas no se ejecutará el desahucio cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable. Además, los propietarios de una o dos viviendas no se verán afectados por la prórroga de este escudo social y corresponderá a los servicios sociales la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia.
