La tensión entre el Gobierno de España y los gigantes tecnológicos ha escalado a un conflicto abierto de dimensiones internacionales. Tras las críticas de Elon Musk, el cofundador de Telegram, Pavel Durov, se ha sumado a la ofensiva contra el plan del presidente Pedro Sánchez para regular el entorno digital, tildando las medidas de «peligrosas» y calificándolas como un paso hacia el «control total».
El pulso: ¿Seguridad infantil o vigilancia estatal?
El origen del conflicto radica en la intención del Ejecutivo de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y endurecer la responsabilidad penal de los directivos de estas plataformas. Para Durov, estas medidas son una «alarma roja para la libertad de expresión». El magnate sostiene que la verificación de edad mediante DNI o biometría acabará con el anonimato en internet, creando un sistema de rastreo masivo bajo el pretexto de proteger a la infancia.
Desde Moncloa, la respuesta ha sido tajante. Fuentes gubernamentales acusan a Durov de difundir «bulos» para erosionar la confianza en las instituciones. Defienden que, al igual que se regula el alcohol o la conducción, es urgente intervenir en un entorno donde los abusos a menores han crecido un 13% en dos años y proliferan los deepfakes pornográficos. «Telegram es parte del problema», señalan desde el Gobierno, recordando que la falta de moderación de la plataforma la ha convertido en refugio para actividades criminales.
Guerra de mensajes en el entorno digital
El enfrentamiento no solo se libra en los comunicados oficiales, sino en las propias redes:
- Pedro Sánchez: Respondió a las críticas con una cita quijotesca en la red X: «Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos».
- Óscar Puente: El ministro de Transportes sugirió que es un «buen día para desinstalar Telegram», calificando la aplicación como una herramienta de escasa utilidad.
- Yolanda Díaz: Desde la plataforma Bluesky, la vicepresidenta segunda advirtió que no permitirán que los «monopolios digitales» tumben al Gobierno, reivindicando que la tecnología debe pertenecer a la clase trabajadora.
Algoritmos bajo la lupa
Uno de los puntos más polémicos es la creación de un sistema de «rastreo de la huella de odio» para medir cómo las plataformas fomentan la polarización. Mientras Durov teme que esto se use para silenciar a la oposición mediante definiciones vagas de lo que se considera «odio», el Ejecutivo insiste en que el objetivo es la transparencia algorítmica.
El Gobierno respalda su postura en el sentir ciudadano: según datos del Eurobarómetro, el 95% de los españoles muestra preocupación por la desinformación. Para Moncloa, el relato de «neutralidad» que defiende el fundador de Telegram —imputado en Francia en 2024— no es más que una estrategia para eludir su responsabilidad legal ante contenidos delictivos que atentan contra la dignidad humana.
