Las costuras del Estado

Las costuras del Estado no estallan de golpe: se deshilachan lentamente, hilo a hilo, como un traje que duerme olvidado en el armario porque, por ahora, creemos no necesitarlo. No percibimos el deterioro: a lo sumo vemos algún hilo suelto, un descosido mínimo, una herida diminuta en la tela… señales tan leves que se confunden con el polvo del tiempo. Hasta que llega el día de ponernos el traje y descubrimos que la tela ha cedido, que las costuras están abiertas y que ya ni abriga ni viste. Eso es lo que ocurre cuando los presupuestos públicos se recortan de forma continuada: el desgaste no siempre es inmediato, pero se acumula y termina por carcomer la prenda hasta volverla inservible. Entonces ya ni siquiera sirve llevarla a la modista para coser las costuras o a la tintorería para devolverle el lustre.

Desde hace años se nos habla de ajustes imprescindibles, de eficiencia, de optimización de recursos, de sostenibilidad… palabras técnicas que suenan neutras, asépticas, incluso inofensivas. Sin embargo, a menudo sirven para justificar decisiones que empeoran la vida cotidiana de millones de personas, porque los servicios públicos no son abstracciones contables: son la luz y el gas que calientan una casa, el agua que sale por el grifo, la cita médica que llega a tiempo, el aula con suficientes profesores, la ayuda a quien no puede valerse por sí mismo, la pensión que permite vivir con dignidad o el tren y las carreteras que conectan territorios y oportunidades.

Cuando se recorta en Sanidad, las listas de espera se alargan, la calidad de la asistencia empeora y la atención se vuelve más impersonal. En Educación, menos recursos significan aulas más saturadas y menor calidad educativa. En dependencia, el tiempo se convierte en un enemigo cruel para quienes no pueden permitirse esperar. Las pensiones pierden poder adquisitivo. El acceso a la vivienda se transforma en privilegio en lugar de un derecho aspiracional. Cuando se reduce la inversión en infraestructuras, los trenes se retrasan y las autovías se llenan de baches.

A menudo se plantea el debate en términos de gasto frente a ahorro, como si financiar adecuadamente los servicios públicos fuese un lujo prescindible. Sin embargo, la cuestión de fondo no es cuánto cuesta sostenerlos, sino cuánto cuesta debilitarlos. Un sistema público insuficientemente financiado no solo ofrece peores prestaciones; también genera desigualdad, desconfianza y una sensación colectiva de abandono que implica un coste social y económico mucho mayor. Los recortes no eliminan gastos: los desplazan. Mantener suele ser más barato que reconstruir.

Mientras tanto, ciertos sectores mediáticos y empresariales insisten en reducir el papel del Estado al mismo tiempo que promueven alternativas privadas con financiación pública para sus negocios, mediante contratos poco o nada transparentes y sin evaluación rigurosa de resultados. Y cuando el negocio deja de ser rentable, la solución vuelve a ser el rescate estatal. La paradoja no es menor: se cuestiona lo público mientras se recurre a él como salvavidas.

Los servicios públicos no son un accesorio del Estado, sino uno de sus pilares. Pretender que funcionen con recursos insuficientes es como exigir a un puente que soporte el tráfico sin mantenimiento ni refuerzos estructurales. Puede aguantar un tiempo, incluso años, pero el desgaste es inevitable.

La conclusión es tan sencilla como incómoda: sin financiación suficiente, los servicios no pueden prestarse en las condiciones que deberían. No es solo una cuestión ideológica, sino material. Los números importan porque detrás de ellos hay personas, necesidades reales y derechos que solo existen de verdad cuando pueden ejercerse. Ignorar esta evidencia no hace desaparecer el problema; únicamente aplaza el momento en que las costuras terminen por ceder del todo.

También conviene recordar que lo público no es una realidad ajena ni un mecanismo automático que funcione al margen de la sociedad. La calidad de los servicios colectivos depende en buena medida de la vigilancia, la participación y la exigencia de la propia ciudadanía. Informarse bien, votar con criterio, reclamar transparencia y utilizar responsablemente los recursos comunes son formas silenciosas pero decisivas de sostener ese traje del que todos dependemos. Cuando la implicación cívica se debilita, las costuras no solo se aflojan por falta de presupuesto, sino por falta de atención. Porque un Estado puede financiar estructuras y servicios públicos, pero solo una sociedad activa y vigilante puede mantenerlas vivas y orientadas al bien común y no al servicio de los intereses económicos de unos pocos.

Por. Miguel Barrueco Ferrero, médico y profesor universitario jubilado