Las políticas para luchar contra la pobreza que están desarrollando las diferentes instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, además de proteger a las personas sin recursos, también protegen al medioambiente.
Esa tranquilidad que tenemos los europeos -la de saber que, gracias al Banco de Alimentos, nunca pasaremos hambre y que solo se valora cuando se pisa un país donde sí la hay- se sostiene en gran medida sobre una realidad poco conocida: la mayoría de los alimentos que allí se reparten proceden de excedentes de producción. Son productos que, de otro modo, no llegarían al mercado y que resultan gratuitos no solo para quien los recibe, sino también para el contribuyente.
Hasta los años noventa, en la Unión Europea se destruían inmensas toneladas de alimentos para evitar la bajada de precios provocada por la sobreoferta. Aquella práctica generaba un grave problema ecológico: recursos naturales empleados en vano -agua, energía, fertilizantes, pesticidas- y alimentos almacenados para su eliminación en grandes vertederos. En ellos, la putrefacción producía grandes emisiones de metano, liberación de óxido nitroso, filtraciones de nitratos y fosfatos a los acuíferos y alteraciones en la fauna local, con proliferación de roedores e insectos que desestabilizaban el entorno y, en ocasiones, suponían un riesgo sanitario para las poblaciones cercanas.
El paso de la destrucción a la donación no solo eliminó ese foco de contaminación al desaparecer aquellos inmensos vertederos, sino que resignificó el uso de los recursos: dejaron de ser un despilfarro para convertirse en alimento. Porque no hay derroche cuando esos recursos se destinan a sostener a la especie del ecosistema que, como ecologista militante, considero que merece la mayor protección: el Homo sapiens.
Algo similar ocurre con el bono social eléctrico, una política que, además de aliviar a las familias vulnerables, introduce racionalidad ambiental en el consumo de energía. Su diseño obliga a acogerse a una tarifa regulada por horas, con precios muy bajos durante la noche y muy elevados en las horas punta. Durante la noche se produce una sobreoferta eléctrica: las centrales nucleares no pueden detenerse y las eólicas difícilmente se paran si hay viento. Se genera más energía de la que se consume mientras la población duerme. En cambio, en las horas punta la demanda obliga a encender centrales térmicas de gas y petróleo, responsables de las emisiones de CO2 y de apuntalar regímenes como el de Putin o peores.
El coste de la electricidad nocturna es mínimo. Por mucho descuento del que se beneficie una familia acogida al bono social, si concentra su consumo en las horas punta, la factura les puede resultar más cara que la de un consumidor sin bono. Por eso, muchas familias beneficiarias desarrollan estrategias como la instalación de acumuladores eléctricos nocturnos, reduciendo así la necesidad de recurrir a centrales térmicas. El resultado es positivo para el medioambiente y para la salud colectiva.
No falta el mezquino que se opone al bono social eléctrico con el argumento de que «me lo cobran a mí en la factura de la luz», declarando sin rubor que prefiere que haya familias bañando a sus hijos con agua fría y sin calefacción -con la nieve que hemos visto estos días en Salamanca- para ahorrarse unos míseros céntimos en su recibo. Bien haría en dirigir su indignación al señor Aznar, que privatizó las eléctricas ; les aseguro que van muchos más céntimos de su factura a engordar el margen de beneficio de una oligarquía.
También los roperos solidarios que hay en ciudades como Salamanca cumplen una función social y ambiental que suele pasarse por alto. Los llamados fashion victims -que tienen poco de víctimas y mucho de responsables- consumen prendas que consideran pasadas de moda en cuestión de semanas. Al final de su efímero ciclo de vida, toneladas de ropa acaban incineradas, generando emisiones de efecto invernadero, o en vertederos, liberando metano y microplásticos. El reciclaje apenas resuelve el problema, en gran parte porque la mayoría de las prendas están fabricadas con fibras de materiales mezclados. La solución más eficaz es la reutilización. Así, el viejo principio cristiano de caridad de vestir al desnudo se convierte hoy también en una acción por el clima.
El proceso es bidireccional. Muchas de las políticas reclamadas por el ecologismo para mejorar el entorno -como los huertos urbanos o la gratuidad del transporte público- benefician sobre todo a quienes no pueden permitirse un coche ni comer alimentos ecológicos si no es mediante el autoconsumo. Que las mismas soluciones sirvan para combatir la pobreza y el deterioro ambiental ocurre, a mi entender, porque las causas de ambos problemas suelen ser las mismas.
Las emisiones de carbono de un vecino de Beverly Hills multiplican por diez mil las de un saharaui. Los efectos, sin embargo, no se sufren en los chalets climatizados de California, sino en las jaimas de Tinduf, convertidas en un infierno por los gases de efecto invernadero que generan los climatizadores de gran potencia que sostienen la «sensación de vivir» de los primeros. Para defender el equilibrio del ecosistema hay que defender también el equilibrio en la balanza de la justicia y en el reparto de la riqueza. Cuidar el medioambiente es cuidar a las personas vulnerables. En la educación ambiental impartida a escolares, la austeridad debería ser el principal valor a inculcar: aquella que practicaron nuestros abuelos y la que siguen practicando el 90 % de los pueblos del mundo, mientras una minoría de privilegiados mantiene un gasto de recursos obsceno que nos conduce a todos al desastre.
Tras una vida de lucha ecologista, he hecho suficiente examen de conciencia como para afirmar que es incompatible -o al menos profundamente hipócrita- llevar una vida adinerada y autodenominarse ecologista. Antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico dentro de los límites del consumo sostenible.
En mi última intervención como portavoz de mi asociación vecinal en una de las emisoras más escuchadas de la provincia, utilicé los minutos asignados para reclamar la construcción de vivienda social en el barrio ante el aumento disparatado de los precios del alquiler. Tras ello, algunos vecinos -todos propietarios- me increparon por la calle, afirmando que aquello traería delincuencia, como si existiera una relación estadística entre menor poder adquisitivo y mayor propensión al crimen. El caso Epstein está revelando la relación inversa: esos depredadores compulsivos de bienes naturales también muestran un apetito voraz por la inocencia y el pudor de las niñas. Su gula es insaciable.
