El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad, supone un giro de 180 grados en la política sanitaria española al establecer la gestión pública directa como la fórmula preferente y reducir la colaboración privada a casos «estrictamente excepcionales».
Adiós al «modelo Aznar» y control de los «fondos buitre»
La nueva ley deroga la normativa de 1997 que permitió la expansión de hospitales de gestión privada (como los modelos de Quirón o Ribera Salud). La ministra Mónica García ha sido tajante al definir el objetivo de la norma: «poner coto a las garras especuladoras».
Puntos clave de la reforma:
- Excepcionalidad: Las comunidades autónomas solo podrán externalizar servicios si demuestran que el sistema público no puede prestarlos y tras un informe de un comité independiente.
- Prioridad social: En caso de necesidad, se dará preferencia a entidades sin ánimo de lucro sobre empresas comerciales.
- Fin de las concesiones largas: Se prohíbe el modelo donde una empresa construye un hospital y lo explota durante décadas para recuperar la inversión.
- Transparencia en el gasto: «Cada euro presupuestado para salud debe ir a salud», ha señalado García, denunciando prácticas previas de inflado de listas de espera para aumentar beneficios.
Choque frontal con Madrid: Ayuso se solivianta
La respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido inmediata y virulenta. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Ejecutivo de querer «acabar con la sanidad» madrileña y de buscar una «revolución para que nada funcione».
Ayuso defiende que el modelo de concesión es necesario para afrontar el envejecimiento de la población y el crecimiento demográfico, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de tener una «obsesión absoluta» contra su región.
Actualmente, Madrid cuenta con cinco hospitales de titularidad pública pero gestión privada, la mayoría bajo el grupo Quirón (como la Fundación Jiménez Díaz) y el polémico caso del Hospital de Torrejón.
Más allá de la gestión: pacientes y productos sanitarios
El paquete normativo no se limita a los hospitales; busca una reforma integral del sistema:
- Voz del paciente: Se crea la Ley de Organizaciones de Pacientes para que estas entidades tengan un papel jurídico en la toma de decisiones, garantizando su independencia de la industria farmacéutica.
- Control de precios: Un nuevo Real Decreto regulará cómo se decide qué productos sanitarios se financian con dinero público, buscando equidad en toda España y evitando la arbitrariedad en los precios.
Un camino parlamentario difícil
Pese al entusiasmo de Sanidad, que califica la ley como un «triunfo de la marea blanca», su futuro no está asegurado. La «aritmética compleja» del Congreso obligará al Gobierno a negociar cada voto. Mientras tanto, el sector sanitario observa con lupa una norma que promete cambiar las reglas del juego de la salud en España.
Argumentos en contra y a favor de la gestión pública (Postura de Mónica García/Marea Blanca)
Quienes defienden la nueva ley sostienen que la salud no puede tratarse como un mercado por razones de ética y control democrático:
- Conflicto de intereses (Ánimo de lucro): El argumento central es que una empresa tiene el deber legal de dar beneficios a sus accionistas. Esto puede incentivar el «ahorro» en material, personal o pruebas diagnósticas, afectando a la calidad asistencial.
- Selección de riesgos (Skimming): Se critica que los centros privados suelen derivar los casos más complejos y costosos a los hospitales 100% públicos, quedándose ellos con los procesos sencillos y rentables.
- Opacidad: Al ser empresas privadas gestionando dinero público, el acceso a sus cuentas y a sus indicadores reales de salud suele ser mucho más difícil para el Parlamento o los ciudadanos.
- Coste a largo plazo: Aunque el Estado no paga el hospital al principio, termina pagando cánones anuales muy elevados que, sumados a lo largo de décadas, resultan mucho más caros que si el Estado se hubiera endeudado para construirlo directamente.
Argumentos a favor de la colaboración privada (Postura de Ayuso/Empresas)
Quienes defienden este modelo se basan en criterios de flexibilidad y eficiencia operativa:
- Agilidad en la gestión: Las empresas privadas no están sujetas a la rigidez de la ley de contratos públicos para todo, lo que les permite comprar tecnología o contratar personal de refuerzo con mucha más rapidez ante una crisis.
- Ahorro de costes iniciales: Permite al Estado construir hospitales sin desembolsar cientos de millones de golpe; la empresa construye el edificio a cambio de explotar el servicio durante 20 o 30 años (pago por disponibilidad).
- Transferencia de riesgo: En teoría, si el hospital funciona mal o hay sobrecostes en la obra, es la empresa la que asume las pérdidas, no el contribuyente.
- Competencia por calidad: Se argumenta que, al permitir que el ciudadano elija centro, los hospitales privados se esfuerzan más en dar un trato excelente para atraer «clientes» (pacientes).
Comparativa de los modelos de gestión
| Característica | Gestión Directa (Pública) | Modelo Concesional (Privado) |
| Objetivo principal | Servicio universal y equidad | Supuesta eficiencia y rentabilidad económica |
| Personal | Funcionarios / Estatutarios | Contratos laborales privados |
| Inversión | Presupuesto público | Capital privado (recuperado con intereses) |
| Control | Administrativo y parlamentario | Basado en el cumplimiento de contrato |
El «Punto de Fricción» actual
El problema que intenta atajar la nueva ley es la falta de retorno. El Gobierno sostiene que se ha abusado de la privatización no por necesidad técnica, sino por ideología, creando «monopolios» en ciertas zonas donde el ciudadano no tiene alternativa real y donde el control público se ha relajado, permitiendo casos de mala praxis para maximizar el margen de beneficio.
Las listas de espera
El tema de las listas de espera es, precisamente, el campo de batalla donde la eficiencia privada y el control público chocan con más fuerza. Según los audios filtrados sobre el hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) y las denuncias que sustentan la nueva ley, el problema no es solo cuánto se espera, sino cómo se gestiona esa espera para generar rentabilidad.
Los tres mecanismos clave de esta polémica:
1. El incentivo perverso: «Engordar» la lista
En el modelo de concesión, la empresa privada recibe una cantidad fija por habitante (cápita). Sin embargo, cuando se derivan pacientes para pruebas diagnósticas o cirugías, existen pagos adicionales o ahorros según el volumen.
- La denuncia: Los audios a los que se refiere la ministra sugieren que algunos gestores privados podrían retrasar deliberadamente ciertas citas para agruparlas o forzar derivaciones que resulten más lucrativas, en lugar de priorizar el criterio clínico.
- El impacto: El paciente percibe una demora injustificada, mientras que la empresa ajusta los tiempos para maximizar el uso de sus máquinas o personal en franjas horarias baratas (como las citas a las 4 de la mañana).
2. El «Maquillaje» de datos
Uno de los grandes argumentos a favor de la gestión privada es que sus listas de espera suelen ser, sobre el papel, más cortas que las de los hospitales de gestión directa.
- La sospecha técnica: El Gobierno argumenta que esto a veces es un «espejismo». Al tener autonomía de gestión, estos centros pueden ser más agresivos sacando a pacientes de la lista por motivos administrativos (por ejemplo, si no contestan a una llamada) o no contabilizando el tiempo desde que el médico sospecha la enfermedad, sino solo desde que se firma el consentimiento quirúrgico.
- La solución de la ley: La nueva normativa busca unificar los sistemas de conteo para que un día de espera en un hospital público signifique exactamente lo mismo que en uno privado.
3. La «puerta giratoria» de pacientes
El texto del anteproyecto menciona un aumento inusual en la captación de pacientes por parte de ciertos hospitales privados vinculados a la red pública.
- El mecanismo: Se denuncia que se incentiva a los pacientes a abandonar su hospital público de referencia para irse al privado con la promesa de una operación más rápida.
- El riesgo: Esto descapitaliza al hospital público (que pierde fondos porque el dinero «sigue al paciente») y fortalece el monopolio del gestor privado, que acaba controlando todo el flujo de pacientes de una zona.
¿Qué busca cambiar la ley en este punto?
La ley introduce la auditoría externa y obligatoria. Hasta ahora, muchas comunidades aceptaban los datos que las propias empresas enviaban. Con el nuevo texto:
- Se inspeccionarán los registros de entrada y salida de las listas de espera.
- Se vigilará que no se reutilice material sanitario para ahorrar costes (otra de las denuncias de Sanidad).
- Se prohibirá que las empresas «compitan» por captar pacientes de forma agresiva si eso debilita la red pública de su entorno.
