El Ministerio de Vivienda y el de Hacienda ya trabajan en una nueva estrategia para frenar la escalada de los alquileres: penalizar fiscalmente a los propietarios que encarezcan las rentas. La medida, que aún está en fase de diseño, consistiría en recortar la actual deducción del 50% en el IRPF a quienes decidan subir el precio a sus inquilinos.
Incentivos vs. castigos
Hasta la fecha, la política del Ejecutivo se basaba principalmente en «premiar» con bonificaciones fiscales a los propietarios que mantenían los precios. Ahora, el Gobierno busca dar un paso más allá para «desincentivar comportamientos contrarios al interés general».
Eso sí, no se plantea eliminar la deducción por completo, ya que el objetivo sigue siendo que a los dueños les resulte más rentable el alquiler residencial a largo plazo que el turístico o de temporada.
Tensión en el Gobierno de coalición
Pese a la intención de Vivienda, la medida no ha tardado en generar fricciones con Sumar. El socio minoritario de la coalición considera que esta vía es insuficiente y la tacha de «cosmética». Para la formación de Yolanda Díaz, reducir una deducción no es un castigo, sino simplemente recortar un «privilegio fiscal» que los propietarios ya disfrutan.
Desde Sumar insisten en que la solución no puede depender de la «buena voluntad» del casero. En su lugar, proponen una prórroga automática extraordinaria de los contratos para proteger a los 600.000 hogares que se enfrentan a renovaciones en un mercado que se ha encarecido un 40% en los últimos cinco años.
