El 17 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino, que este año corresponde al Caballo de Fuego, porque esta festividad siempre se asocia a una animal del zodíaco chino. Es una efemérides que no se puede ignorar porque al igual que en nuestro país cuando celebramos el Año Nuevo con gran alegría, reuniones familiares y de amigos, en China es también una festividad de gran tradición y júbilo para todos sus ciudadanos, que se desplazan por millones a lo largo del país en esa fecha para reunirse con sus familiares y disfrutar de platos tradicionales, fuegos artificiales y música folclórica.
Ahora bien, muchos ciudadanos chinos no tendrán motivos de celebración y disfrute de estas fiestas porque están encarcelados a consecuencia de su defensa de los derechos humanos, y Amnistía Internacional, como hace habitualmente desde hace años en estas fechas, denuncia la situación de esos presos y pone de ejemplo algunos casos significativos.
En esta ocasión los cuatro presos para los que se pide a las autoridades chinas su puesta en libertad son: un intelectual uigur (Ilham Tohti) que denunciaba en la red violaciones de derechos humanos; una periodista y activista (Zhang Zhan) por “provocar problemas y peleas”; un hongkones-sueco (Gui Minhai) que dirige una librería donde se denuncian escándalos políticos, y una activista del #Metoo (Huang Xeuqin) por organizar reuniones donde se analizan las dificultades a las que se enfrenta la sociedad china.
Pero no solo hay represalias contra los defensores de los derechos humanos como con los cuatro arriba mencionados, hay que significar que la represión de cualquier disidencia es habitual y podríamos poner como ejemplo el reciente enjuiciamiento de activistas en Hong Kong por conmemorar la represión de Tiananmen ocurrida en 1989 cuando cientos si no miles de manifestantes (nunca se supo la cifra de muertos en las protestas) que pedían más libertad fueron masacrados.
La excusa de las autoridades para la detención no fue otra que la afirmación de que la vigilia anual por Tiananmen que organiza la Alianza de Hong Kong desde 1990 era prueba de que el grupo “ponía en peligro la seguridad nacional”. Con ejemplos como éste se continúa con la escalada del uso de la violencia y las detenciones por parte de las autoridades usando las leyes de seguridad nacional para silenciar las protestas y la disidencia a aquellos que se atreven a negarse a olvidar a las víctimas de aquella tremenda represión. Presos a los que Amnistía Internacional ha declarado presos de conciencia y pide que se les retiren los cargos y sean puestos en libertad porque fueron detenidos solo por ejercer algo tan elemental como son sus derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación y que no se les impida la conmemoración pacífica de los hechos de Tiananmen.
Otro asunto que preocupa de China y que ha sido denunciado constantemente en los Informes Anuales de Amnistía Internacional es lo que ocurre en la región autónoma de Xinjiang donde la comunidad uigur lucha por mantener su identidad y sufre una represión y exhaustivo control por parte de las autoridades chinas imponiendo barreras para el empleo, con gran emigración forzada, erradicando su idioma y controlando la práctica religiosa que es mayoritariamente musulmana. Se calcula que al menos un millón de uigures han pasado por campos de internamiento.
Pero si estamos exponiendo cómo se trata a defensores de derechos humanos, disidentes y comunidades defensoras de su identidad, también deberíamos hablar de la pena de muerte en China porque entendemos que está en contradicción con el derecho a la vida proclamada en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU (artículo 3.“Todo individuo tiene derecho a la vida”).
China se posiciona como el país que más personas ejecuta, más que el total de las que anualmente se ejecutan en todo el planeta, además se considera este tema un “secreto de Estado” por lo que es desconocida la cifra total de personas condenadas y ejecutadas en el país. Todo ello es consecuencia de que las garantías en los juicios brillan por su ausencia y también por la cantidad de delitos a los que se aplica y que vienen a ser la causa de esa elevadísima cifra de ajusticiados.
Hay garantías que deberían tenerse en cuenta para que cualquier detenido pudiera tener el derecho a un juicio justo y que en numerosos casos no es así porque la pena de muerte se suele aplicar a delitos que no son letales, cuando precisamente el Comité de los Derechos Humanos de la ONU interpreta que la pena de muerte se debería limitar al homicidio intencional. Por otra parte, el derecho a una defensa adecuada no siempre está garantizado. También existen denuncias de que puede haber confesiones bajo tortura y que la presunción de inocencia, que debería existir en cualquier juicio justo, no está garantizada. Por todo ello, ¿qué garantías puede tener un acusado en un juicio con estas características?
Amnistía Internacional desde su fundación en 1961se opone rotundamente a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método utilizado por el Estado para matar al preso, y hace continuas campañas en contra de la pena de muerte que, afortunadamente, cada vez más países van eliminando en sus legislaciones penales.
Una vez hecha la denuncia de cómo y porqué se aplica de manera desmedida la pena de muerte en China volvemos a como decíamos al principio por qué muchos ciudadanos chinos, sus familias y amigos no tendrán ocasión de celebrar su festividad de Año Nuevo, de ahí nuestra solidaridad con todos ellos y deseando su pronta libertad al igual que seguiremos denunciando que los y las defensoras de los derechos humanos en China no sean arbitrariamente detenidos y tengan que sufrir muchos años de prisión o incluso la pena de muerte.
Desde aquí, felicitamos a la comunidad china, tan numerosa en nuestro país, que disfruten de su Año Nuevo El Año del Caballo y que sus deseos de felicidad y prosperidad se hagan realidad en el año que comienza.
Por. Juan Luis Hernández Mira, defensor de los Derechos Humanos.
