El Gobierno de España ya tiene lista su gran apuesta para dar relevo a los fondos europeos. El presidente Pedro Sánchez ha presentado ‘España Crece’, un ambicioso fondo soberano que nace con un objetivo prioritario: atacar la crisis de vivienda. El plan prevé movilizar 23.000 millones de euros (sumando capital público y privado) para levantar 15.000 viviendas anuales destinadas al alquiler asequible.
De los fondos ‘Next Generation’ al sello nacional
Este nuevo instrumento, que echará a andar en septiembre, no es una medida aislada. Sustituye a las ayudas de la era post-pandemia con una estructura más ambiciosa. Gestionado por el ICO, el fondo contará inicialmente con 13.500 millones de euros no utilizados del Plan de Recuperación.
Sin embargo, la potencia de fuego es mucho mayor: el Gobierno estima que la capacidad de financiación alcanzará los 120.000 millones de euros una vez que se incorpore la inversión de los bancos y fondos privados.
«Alfombra roja» al inversor, pero con límites
Durante su intervención en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sánchez fue claro sobre el papel del sector privado. El Estado ofrecerá condiciones ventajosas y «alfombra roja» a los inversores, pero bajo una línea roja innegociable: nada de especulación. «El objetivo es construir hogares para quienes hoy tienen imposible acceder a una vivienda, no facilitar el negocio especulativo», subrayó el presidente.
¿Cómo funcionará?
Para asegurar que los proyectos salgan adelante, ‘España Crece’ no solo prestará dinero a largo plazo, sino que en casos críticos podrá aportar fondos no reembolsables para garantizar la viabilidad de las promociones.
Aunque la vivienda es la gran protagonista, el fondo también actuará como pulmón financiero para:
- Pymes: Apoyo en todo su ciclo de vida.
- Innovación: Proyectos tecnológicos y de transición ecológica.
- Gobernanza: Promesa de una gestión transparente y bajo estándares internacionales de rendición de cuentas.
Con este movimiento, España busca consolidar un modelo de financiación pública que no dependa de la excepcionalidad de Bruselas y que convierta el acceso a la vivienda en un pilar estratégico de la economía nacional.
