Mientras el mundo observa hacia otros focos geopolíticos, Sudán se desangra en lo que ya es, por cifras y crueldad, la mayor crisis humanitaria del planeta.
Lo que comenzó en 2019 como un estallido de esperanza democrática tras la caída de la dictadura de Omar al-Bashir, se ha transformado en una carnicería fratricida. Hoy, el país no es solo un escenario de guerra civil, sino el tablero donde potencias extranjeras juegan con la vida de millones a cambio de oro y petróleo.
La transición democrática que debía devolver el poder al pueblo fue secuestrada. Tras el golpe de Estado de 2021, que eliminó la participación civil, la alianza militar se fracturó en abril de 2023. Los dos hombres más poderosos del país, el general al-Burhan (Fuerzas Armadas de Sudán – SAF) y el general «Hemetti» Dagalo (paramilitares de las RSF), pasaron de ser aliados contra la población a disputarse el control total del Estado.
Las cifras son insoportables. Según la ONU, 11,8 millones de personas han huido de sus hogares (8,8 millones de desplazados internos y 3 millones de refugiados en países vecinos). El 70% de estos desplazados son niños. La crueldad del conflicto no tiene límites éticos.
Las milicias de las RSF queman sistemáticamente tierras agrícolas para someter a la población por inanición, la violencia sexual sistemática, denunciada por UNICEF y el ACNUDH supone el uso de las violaciones colectivas como arma de guerra contra mujeres y niñas, incluso contra niños pequeños, y el uso de drones por ambas partes ha convertido a ciudades como El-Fasher en cementerios. Solo en las primeras semanas de febrero de 2026, los ataques han dejado cientos de víctimas civiles, incluyendo ataques a convoyes humanitarios y estructuras sanitarias.
La paradoja de los recursos: Oro por sangre
En el Índice de desarrollo humano realizado por el Eustat (Instituto Vasco de Estadística), Sudán se posiciona el número 176 de 193 países a pesar de ser inmensamente rico. El oro, cuyo destino principal son los Emiratos Árabes Unidos, financia la maquinaria bélica de las RSF. El petróleo, operado por capitales de China e India, sostiene al gobierno de al-Burhan.
Este modelo de “economía de extracción” rompe el contrato social: los gobernantes no necesitan el bienestar de sus ciudadanos para mantenerse en el poder mientras tengan el control sobre las minas y los pozos. La guerra de Sudán se ha convertido en una “guerra subsidiaria”. El RSF recibe apoyo de los Emiratos Árabes Unidos y actores en Libia o Chad, SAF cuenta con el respaldo de Egipto, Irán y Turquía. Mientras, Rusia y Ucrania trasladan su propio conflicto a suelo sudanés: el Kremlin busca una base naval en Puerto Sudán, fuerzas ucranianas apoyan al ejército regular para contrarrestar la influencia rusa.
¿Hay una salida diplomática?
El panorama es complejo. Recientemente, el primer ministro Kamel Idris presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU un plan de paz basado en un alto al fuego integral y la retirada de las RSF de las zonas ocupadas bajo supervisión internacional. Asimismo, el regreso de Sudán a la IGAD (Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo) tras dos años de ausencia abre una pequeña rendija a la mediación regional.
Sin embargo, las palabras no detienen los drones. La Unión Europea ha calificado de «inaceptable» la violencia, pero la ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente y los bloqueos persisten.
La comunidad internacional debe hacer frente a esta urgencia con el embargo total de armas, la rendición de cuentas, la vigilancia internacional para que los crímenes de guerra y la violencia étnica no queden impunes y sancionar a los actores que se benefician del comercio ilícito de oro y recursos que alimentan la guerra. Si no se actúa ahora, la historia de Darfur no solo se repetirá, sino que se ampliará a escala nacional, dejando un vacío de Estado donde solo florecerá el caos y el extremismo.
Por. Carla González Miguel, defensora de los Derechos Humanos.
