El cantante Julio Iglesias ha movido ficha judicial contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. El artista ha presentado una demanda de conciliación en Madrid —paso previo obligatorio a una querella criminal— al considerar que la ministra ha vulnerado su derecho al honor con declaraciones «calumniosas» sobre presuntos abusos laborales y sexuales a antiguas empleadas.
El origen: un choque en las redes y la televisión
El conflicto estalló a mediados de enero de 2026, a raíz de unas publicaciones de Díaz en la red social Bluesky. En ellas, la titular de Trabajo se hizo eco de informaciones periodísticas calificando los relatos de las empleadas como «escalofriantes» y hablando abiertamente de «esclavitud» y «agresión permanente».
La defensa del cantante, liderada por el abogado José Antonio Choclán, pone el foco en dos momentos clave:
- La ratificación en RTVE: Durante una entrevista en La Hora de la 1, Díaz se reafirmó en sus palabras, llegando a decir que el caso concentraba «todas las vulneraciones de los derechos humanos».
- El daño reputacional: La demanda subraya que el programa lideró su franja de audiencia (17,3%), lo que multiplicó el impacto de unas acusaciones que el artista considera infundadas.
La batalla por la presunción de inocencia
El núcleo de la demanda reside en que, según los abogados de Iglesias, el artista «nunca ha sido investigado ni sospechoso». Para demostrarlo, aportan un decreto de la Fiscalía del 19 de enero que confirma la ausencia de indicios penales contra él en ese momento.
La defensa sostiene que un miembro del Gobierno tiene la «obligación positiva» de respetar la presunción de inocencia y no emitir juicios de culpabilidad públicos. Por el contrario, Díaz ha mantenido una postura firme, llegando a sugerir la retirada de la Medalla a las Bellas Artes al cantante y sentenciando: «Las mujeres ya no nos callamos».
¿Qué exige Julio Iglesias?
Para evitar que el proceso llegue a la vía penal, el equipo jurídico del cantante plantea tres condiciones en el acto de conciliación:
- Reconocimiento del daño: Que la ministra admita que ha perjudicado la reputación del artista.
- Rectificación pública: Que se retracte en los mismos medios y horarios donde lanzó las acusaciones.
- Indemnización económica: Una compensación por el daño social causado, cuya cuantía se fijaría en función de la difusión masiva de sus palabras.
Por ahora, la vicepresidenta no muestra signos de dar marcha atrás, insistiendo en que existe una «responsabilidad ética» que va más allá de lo estrictamente judicial.
