Cuando los derechos humanos se ignoran: cómo la indiferencia y la represión amenazan la dignidad y la libertad en todo el mundo.
Los derechos humanos no son un simple catálogo de buenas intenciones. Son la expresión más ambiciosa de nuestra historia colectiva: la promesa de que toda persona, por el simple hecho de existir, merece ser tratada con dignidad, igualdad y libertad. Esta promesa tiene cuerpo, nombre y fecha: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que articuló por primera vez un conjunto de derechos fundamentales destinados a proteger a todas las personas sin excepción.
Pero hoy esa promesa parece desvanecerse. La brecha entre lo que dice la ley y lo que viven millones de personas es profunda. Abusos de poder, represión e indiferencia convierten normas que deberían protegernos en papel mojado. Políticas autoritarias, nacionalistas o populistas, la vigilancia tecnológica, la criminalización de migrantes y activistas y la reducción de espacios democráticos muestran que los derechos humanos no solo no están garantizados, sino que, en muchos casos, son atacados desde dentro por quienes deberían protegerlos.
Los ejemplos son evidentes: defensores perseguidos por documentar violaciones, comunidades afectadas por sanciones que comprometen el acceso a la salud y a la alimentación, y crisis humanitarias que dejan a millones de niños sin protección. A esto se suma un problema estructural: muchos Estados firman tratados sin intención real de cumplirlos. Más de la mitad de la población mundial vive en países que no han ratificado la mayoría de los instrumentos de protección de Naciones Unidas, lo que deja a millones de personas en situación de desamparo legal y político.
En este contexto, surge de nuevo la pregunta: ¿sirven para algo los derechos humanos? La respuesta debe ser clara: sí sirven, pero solo si existe una defensa colectiva constante y mecanismos eficaces para exigir su cumplimiento. Las leyes, por sí solas, no garantizan nada sin voluntad política y presión social.
En primer lugar, porque los derechos humanos no son un lujo. Son el último muro frente a la arbitrariedad del poder. Protegen libertades básicas y establecen límites que los Estados deben respetar. Cuando esos límites se ignoran, se debilita el Estado de derecho y se normaliza la impunidad.
En segundo lugar, dan voz y legitimidad a quienes son silenciados. Son herramientas de denuncia y presión. Periodistas, organizaciones y defensores los utilizan para documentar abusos, exigir justicia y obligar a los responsables a rendir cuentas. Sin este marco universal, la lucha contra la tortura, las desapariciones o la discriminación quedaría debilitada.
En tercer lugar, constituyen un mapa ético compartido: recuerdan que ningún poder está por encima de la dignidad humana. Incluso cuando la comunidad internacional guarda silencio por intereses políticos o económicos, estos principios siguen sosteniendo la lucha de activistas y movimientos sociales. Como recordó Hannah Arendt, el derecho fundamental es el derecho a tener derechos, a pertenecer plenamente a la humanidad.
No obstante, esta promesa no se cumple sola. Requiere una sociedad civil activa, alianzas internacionales y mecanismos eficaces de control. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras redes demuestran que los derechos humanos siguen siendo herramientas vivas de transformación. En este sentido, merece especial atención la protección de quienes los defienden, con frecuencia perseguidos o encarcelados.
También persiste el debate sobre su supuesta falta de universalidad. Algunos gobiernos alegan diferencias culturales para cuestionarlos, pero este argumento suele servir para justificar la represión. La defensa de los derechos colectivos no puede ser excusa para negar libertades individuales básicas.
Existe, además, una relación directa entre derechos humanos y calidad democrática. Muchos países funcionan como democracias formales, con elecciones pero sin garantías reales ni bienestar suficiente. La información existe; los informes son abundantes. El problema no es la falta de datos, sino la falta de compromiso político.
Por ello, el reto principal no es redactar más tratados, sino hacer cumplir los existentes. Esto exige participación ciudadana, conocimiento de los derechos, apoyo social y una relación renovada entre Estado y sociedad basada en la justicia y la corresponsabilidad.
Hoy, ante el auge del autoritarismo y el retroceso de las libertades, debemos recordar que los derechos humanos no solo sirven: son indispensables. No como promesa abstracta, sino como exigencia cotidiana. Defender la libertad frente a la censura, la justicia frente a la impunidad y la igualdad frente al odio es una tarea colectiva. Porque cuando los derechos humanos fallan, falla la humanidad entera.
Por. Naiara López de Lapuente Blázquez, defensora de los derechos humanos.
