Este lunes ha arrancado en la Audiencia Provincial de Valladolid uno de los juicios más dolorosos y complejos de la historia judicial de Castilla y León: la ‘Operación Ignis’. Durante los próximos tres meses, se juzgará a 23 personas acusadas de participar en una trama que, presuntamente, dio el «cambiazo» a miles de ataúdes antes de ser incinerados para lucrarse con el dolor de las familias.
La Fiscalía sostiene que, entre 1995 y 2015, el Grupo Funerario El Salvador retiraba los féretros de alta gama justo antes de la cremación. Los cuerpos eran introducidos en el horno sobre tablones de madera barata, mientras que las cajas originales se limpiaban y se devolvían al circuito comercial para ser revendidas como nuevas a otros clientes.
Un beneficio millonario a costa del duelo
- La magnitud: Se estima que se reutilizaron más de 6.000 féretros y 3.000 coronas de flores, generando un beneficio ilícito de 4 millones de euros.
- Las penas: La viuda y los tres hijos del fallecido dueño del negocio, Ignacio Morchón, se enfrentan a peticiones de 20 años de cárcel cada uno por delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal.
- Las víctimas: Hay más de 1.300 familias afectadas. El fiscal subraya que a los allegados se les prohibía ver la entrada del féretro al horno para ocultar la maniobra.
El juicio se prolongará hasta junio y contará con el testimonio de casi 240 testigos, en un proceso que busca reparar, al menos legalmente, una de las mayores quiebras de confianza hacia un servicio público esencial.
