Muchas personas han sido detenidas acusadas de vulnerar la ley antiterrorista por condenar las acciones de Israel y mostrar solidaridad con el pueblo palestino.
Este artículo trata de Palestine Action (Acción palestina en español), una organización que está ilegalizada en el Reino Unido en la actualidad, desde el 5 de julio de 2025. La Ley contra el terrorismo del año 2000 penaliza las muestras de apoyo a una organización prohibida con hasta 14 años de cárcel. El pasado viernes 13 de febrero, la Alta Corte británica le dio la razón a Palestine Action considerando desproporciondal la actuación del gobierno británico y dictaminó que la decisión de prohibir al grupo Palestine Action fue ilegal. Esto hace inevitable que se legalice la organización. La sentencia final se dará el 18 de marzo, pero hasta entonces la organización sigue estando prohibida con las consecuencias que eso conlleva.
Queremos denunciar el uso de leyes antiterroristas por parte del gobierno británico para impedir la condena a las actuaciones del gobierno israelí y la expresión de simpatía hacia el pueblo palestino, teniendo en cuenta que numerosas organizaciones internacionales, incluidas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas han denunciado los sucesos en Palestina, particularmente en Gaza, como un genocidio.
El 6 de agosto de 2024, un grupo de seis activistas irrumpieron en una fábrica de armas de una empresa armamentística israelí en la ciudad inglesa de Bristol con la intención de evitar su envío al ejército israelí, que las iba a usar para seguir cometiendo el genocidio. El 20 de junio de 2025, miembros de este mismo grupo llevaron a cabo su segunda acción directa en una base aérea, donde varios activistas irrumpieron e inmovilizaron los motores de los aviones de la RAF, Fuerza Aérea a la que el grupo acusó de colaborar con el ejército israelí. Poco después, el 5 de julio de 2025, la ministra del interior ilegalizó la organización Palestine Action apelando a la ley antiterrorista.
Es importante tener en cuenta que esta ley se diseñó para perseguir a organizaciones violentas, a menudo islamistas o de extrema-derecha, y no para organizaciones de protesta pese a la disruptividad que estas podrían ocasionar.
Son relevantes estos dos incidentes porque el pasado 4 de febrero, los seis activistas que irrumpieron en la fábrica han sido absueltos. Los delitos a los que se enfrentaban incluían robo con violencia, que conlleva una posible pena de cadena perpetua. Todo apunta a que la decisión de absolver a los acusados se debe a que el jurado popular consideraba excesivas las penas. Estos presos, considerados por muchos como presos políticos, han estado en huelga de hambre hasta hace poco por las condiciones severas que han tenido en la cárcel, cuando fueron absueltos y el gobierno acordó ceder en ciertas materias. Denunciaban la detención excesivamente larga y la limitación de contactos con familiares y amigos. Estas medidas fueron justificadas por las autoridades británicas con la aplicación retroactiva de su condición de miembros de una organización prohibida, otro asunto problemático.
Es importante mencionar que, según las propias fuentes policiales confirmadas por Amnistía Internacional, al menos 2489 personas han sido arrestadas por mostrar apoyo a la organización desde su ilegalización, a menudo con el lema: Me opongo al genocidio, apoyo a Acción Palestina. Muchas personas han sido detenidas acusadas de vulnerar la ley antiterrorista por condenar las acciones de Israel y mostrar solidaridad con el pueblo palestino. Estos sucesos han sido denunciados por múltiples organizaciones de derechos humanos porque crean un clima de miedo para los que expresan públicamente una opinión sobre este asunto.
La actual ministra del interior ha querido ir aún más lejos para criminalizar la protesta amenazando con cárcel y multas a aquellos que participen en manifestaciones que considere de “disrupción cumulativa”. Que esto ocurra en un país que se enorgullece de ser un Estado de Derecho debería preocupar a cualquier demócrata. En la ley de Derechos Humanos de 1998, el Reino Unido consagra el derecho a la libertad de expresión en su artículo 10 y de reunión pacífica en el artículo 11. El Reino Unido es también firmante del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (1953) y la Declaración de los Derechos Humanos (1948). Pero el gobierno actual parece querer ignorarlo.
La última decisión de la Alta Corte británica reivindica lo que muchos hemos estado denunciando, que el uso de leyes antiterroristas para criminalizar un grupo de protesta es excesivo e inaceptable en una democracia. Aunque esta sentencia provisional es una muestra de que el Estado de Derecho sigue en pie en el Reino Unido, este caso es una prueba de la continua necesidad de reivindicar los derechos fundamentales frente a la amenaza de perderlos.
Por. George Miguel Gardner García, defensor de los Derechos Humanos.
