A los dos años de llegar al Ayuntamiento me vi en la obligación de dictar un bando prohibiendo la venta de leche a jarreo que no estaba suficientemente tratada para impedir la transmisión de enfermedades. Todavía se veían con frecuencia en el hospital en la década de los ochenta enfermos de tuberculosis y brucelosis por consumir leche no higienizada.
La prohibición de la venta ambulante de leche produjo la intervención por parte de la Policía Municipal de grandes cantidades de este producto. Algunos lecheros fueron sorprendidos en el momento en que estaban vendiendo sin guardar las necesarias medidas higiénicas. Aunque la responsable de consumo era la Administración del Estado, los ayuntamientos éramos administraciones colaboradoras.
Las personas más humildes, la mayoría votantes nuestros, no comprendieron la medida, les privábamos de adquirir un producto necesario a precio más económico que la leche pasterizada comercializada. En julio de 1981, la Policía Municipal sorprendió a varios lecheros distribuyendo leche a granel, se les incautó la mercancía y se depositó en unos frigoríficos de la Central Lechera. En el forcejeo, uno de los lecheros intentó escapar y resultaron heridos el infractor y uno de los policías.
El lechero fue condenado a pagar una multa, entonces muy elevada, de mil pesetas y las costas del juicio. Tuvimos que ponernos serios con la venta ambulante de productos alimenticios sin garantías sanitarias y, desgraciadamente, el tiempo nos dio la razón. En 1983 el consumo de leche a jarreo estaba todavía muy extendido.
Vivíamos los últimos años del sereno, del basurero familiar, del cartero de vecindad o el lechero. Sabíamos de ellos a diario y se nos hacían presentes cuando felicitaban a sus clientes las Pascuas con un tarjetón con unos ripios impresos en los que solicitaban el aguinaldo.
