El inspector de Policía Nacional que ejerció como instructor del ‘caso ataúdes’ señaló este lunes que el extrabajador de Funeraria El Salvador de Valladolid, Justo Martín, ya fallecido, contaba con anotaciones en libretas y dietarios desde 1995 a 2015, periodo en el que registró la sustracción de casi 6.000 cajas, y consideró “imposible” que el resto de empleados y la Dirección de la empresa “desconozca todo esto”.
Ical.- Durante la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra el denominado ‘caso ataúdes’, el agente de Policía Nacional defendió los informes realizados por su departamento y negó que una “persona sola pudiera sacar un cadáver y ponerlo en otro soporte para el horno» y que «el cementerio además no tiene raíles, y hay que hacerlo a pulso”.
Precisamente, la declaración del inspector tenía hoy un importante peso, dado que en la jornada inicial, los abogados de los hermanos Ignacio, Laura y María del Rosario Morchón, así como de su madre, María del Rosario V.L., que se enfrentan cada uno a 20 años de cárcel, señalaron que la investigación policial en la que se basa la acusación era prospectiva y se realizó al margen del Juzgado de Instrucción número 6, que entonces investigaba un caso de una posible extorsión a la funeraria por parte de este extrabajador, la cual había dado origen a esta segunda investigación.
La sesión ya tuvo un inicio un poco agrio, debido a un choque dialéctico entre el magistrado y el principal abogado de la defensa, quien afeó que “se limitaba su derecho” y presentó una queja, además de solicitar testimonio de secretario judicial. A continuación, cada uno de los 23 acusados se declaró inocente, para dar paso a la declaración del inspector de Policía, quien constató que esta investigación se inició porque en 2017 acudieron a Comisaría uno de los hijos, Ignacio Morchón Vaquero, y el abogado de la empresa, para denunciar un “problema de extorsión con un exempleado”. “Se les recomienda la denuncia y que la opción nunca es pagar. Volvieron al cabo de unos días con dos cartas de extorsión y tomaron declaración”, recordó el agente.
Esta persona, Justo Martín, enviaba cartas a Morchón, sobre que “sabía lo que había pasado durante 20 años en la empresa y que ahora quería su parte” porque, justificaba, “le había quedado una jubilación baja”.
Martín les enviaba unas fotografías con el cadáver de personas en un féretro que “se veía viejo, con un cartel con el nombre y un parte de defunción”. En total, unas 30 instantáneas del mismo estilo. “Todo fue muy rápido”, admitió el inspector, quien recordó que la detención de este extrabajador “fue al tercer día”. En el registro domiciliario se encontró “mucho material”, entre el mismo, una tercera carta de extorsión “en la línea de las anteriores, además de carretes sin revelar, fotografías, pen drives…” “Era un material que representa la base de la extorsión. Ahí tuvimos claro que además de este delito, él mismo había participado, porque lo reconoce, en la extracción de ataúdes”, relata el inspector. Además, en el análisis, se observa que “se ha cometido ese otro delito y el juzgado nos facilita unas previas nuevas, a la espera del forense, y empezamos a trabajar”.
“Se me hace difícil, porque ellos vinieron a denunciar. La propia empresa estaba interesada en poner esta denuncia, porque tenían temor de que saltara a la opinión pública”, comentó el instructor, según las declaraciones recogidas por Ical.
Operativa del proceso: las libretas
A partir de ese momento, relató a preguntas del fiscal, “lo primero era determinar el origen de esas fotografías”, pues “casi” todos los cadáveres estaban acompañados de unas libretas, apuntadas desde 1995, “datos que no debería de tener”, con la “afiliación de un fallecido, junto a una codificación, que significaba CSI (Caja Si) y CNO (Caja no), que son las que se habían cambiado o no”, siempre según la declaración de Justo Martín y recogida por la Policía, quien se refiere también a sustracción de elementos florales.
Los datos en las libretas fueron objeto de la investigación también, todos ellos con una “estructura con un patrón repetitivo”. Para constatarlo, el instructor apuntó que la Policía se puso en contacto con el fabricante, de Valladolid, que “confirmó el año de fabricación de cada libreta y el tiempo que estuvieron puestas a la venta”. “Esto nos dice que Justo lo hizo de forma cronológica en el tiempo, desde 1995 y así progresivamente. Porque de lo contrario las tendría que haber tenido guardadas y haber empezado a completarlas y escribirlas con la extorsión, tras dejar de trabajar allí, lo cual ya sería casi imposible”, declaró. En todo caso, admitió tener el “convencimiento” de que Justo “no quería que le vieran hacer las fotografías, que las hizo para curarse en salud”, pero alguien de la dirección “sabía que las poseía”, tal y como se ha demostrado, dijo el agente, “en determinadas conversaciones telefónicas”.
El inspector desmintió al hijo, que en una declaración ante la Policía señaló que los agentes “habían visto los whatsapp amenazantes de Justo”, algo que la Policía, señaló el instructor, “no pudo hacer porque los había borrado y bloqueado”. De hecho, el hijo señaló que gracias a este detalle la Policía “le dio un toque” al extrabajador, algo que el inspector negó tajantemente: “Esto es la policía, nosotros no vamos dando toques. Yo a este señor lo conocí el día que entró detenido”.
En las anotaciones, la Policía se encuentra con afirmaciones de Justo en que “dice que los féretros de los niños no se cambiaban, pero más tarde sí”; y en otro documento, el propio Justo explica que “tiene remordimiento y que lamenta mucho haber realizado todo esto por las familias, pero se justifica en que tenía miedo a perder su puesto de trabajo”. Justo sostuvo, según declaró el agente de Policía, que los cuerpos “se sacaban de las cajas porque los barnices generan mucho olor”; y por ello “recibió órdenes de cambiar todos los ataúdes”, siempre según la declaración del extrabajador, que expresó a la Policía que “lo sabía toda la empresa, todos los empleados estaban al tanto”.
Con la continuación del proceso, el instructor recordó que a partir de 2013, con la inauguración del nuevo tanatorio, que dispone de crematorio propio, las “incineraciones y los cambios se siguieron produciendo”, pero las inscripciones “cayeron en picado” en el cementerio, y a pesar de ello “el consumo es alto” porque la mayoría de estos cuerpos “se incineraron allí”. “Es un tema técnico. Llevo muchos años reconociendo cadáveres. Es casi imposible que una persona sola pueda sacar un cadáver y ponerlo en otro soporte para el horno del cementerio, que no tiene raíles, y hay que hacerlo a pulso. Sí identificamos que Justo fue el que más extracciones hizo, pero tuvo que hacerlo con ayuda. Un cuerpo no es un pen drive, requiere una logística para llevarlo del tanatorio al cementerio”, aclaró el agente.
El inspector también señaló que la Unidad de Vigilancia Aduanera indicó que existía una “distorsión” entre la cifra de ataúdes que “entraba para la empresa con la necesaria para cubrir la demanda”.
Más tarde, manifestó, las declaraciones con los familiares supuestamente estafados “constataron el avance de la investigación”. Ellos contrataban los servicios funerarios y les informaban de que la incineración “se iba a hacer en el tanatorio, pero las fotos de Justo demostraban que eran en el cementerio”. “Siempre nos decían que les estaba prohibido verles tras el sepelio”, explicó el agente.
Otro de los puntos relevantes de la declaración se conoció tras abordar la Policía la petición de las llamadas telefónicas de los acusados a las operadoras, con el fin, señaló el instructor, de “tenerlos controlados de forma simultánea, para evitar la destrucción de pruebas”. “Existía el riesgo de que si alguna de las detenciones se precipitaba, iban a hablar entre ellos con posibilidad de ser detenidas”. De todas las llamadas analizadas, que obran en posesión de la instrucción, la Policía “hizo la transcripción de tres o cuatro más relevantes”. En alguna de ellas, manifestó, un miembro de la familia Morchón habla con otra mujer sobre que “todo arrancaba cuando quemaban arriba o abajo y hablan de prescripción de los hechos”, y en otra llegan a reconocer “una ‘pillada’”.
El agente puso en conocimiento que “un día llamó una mujer a Comisaría que dijo que había estado un año en la empresa trabajando y que lo había visto en la prensa o en las noticias el día de las detenciones y los registros; y señaló que eso lo sabía toda la empresa”. La dijimos que acudiera a declarar, y “explicó con detalle cómo lo hacían”, apuntó el inspector. “Ella decía que sacaban al cadáver de la caja y el féretro lo guardaban en una sala. Posteriormente los bajaban al tanatorio para venderlos otra vez”, comentó, para señalar que en su momento “había pensado en denunciar, pero no se atrevió”.
