La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró este miércoles que la empresa multinacional de ‘call center’ Majorel, antigua Qualytel e implantada en Carbajosa de la Sagrada, “no puede practicar un ERE en España cuando está registrando más de 2.800 millones de euros de beneficios”, y mientras “están contratando vía ETT puestos de trabajo que son estructurales”, algo que calificó como “un fraude”. “Quiero ser muy clara para le empresa: No lo vamos a permitir”, sentenció.
En declaraciones recogidas por Ical, tras reunirse en el museo Patio Herreriano de Valladolid con trabajadores de esa empresa y de Losán (con centros de producción en Soria y Zamora), Díaz recalcó que “las competencias en materia industrial son exclusivas de la Junta de Castilla y León”, por lo cual le pidió al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, “que se ponga del lado de la gente trabajadora de su tierra”.
“Voy a defender a los trabajadores de Majorel y de Losán. La Dirección General de Trabajo está actuando ya, pero recuerden, cuando vayan a votar, que el Partido Popular votó en contra de esta iniciativa que afecta de manera central hoy a esta tierra”, amplió antes de añadir que, “al menos, el PP tuvo un poco de vergüenza y no aplaudió cuando vio que el Gobierno de España perdía esta votación”.
“Le pido al Partido Popular, al señor Mañueco y a la consejera competente en esta materia, que se pongan manos a la obra, ya que tienen tiempo para exigirle a las empresas de su Comunidad que cumplan con la legalidad y que digan algo a este respecto”, abundó.
Alrededor de 200 personas se concentraron este martes en la Plaza del Liceo para exigir la retirada de un expediente de regulación de empleo que afecta a 329 trabajadores de Majorel, 169 de ellos en Salamanca. El comité denuncia que la empresa sigue contratando personal externo mientras busca despedir a su propia plantilla, que en centro salmantino está integrada por 950 trabajadores.
Respecto a la situación de las trabajadoras de la multinacional maderera Losán, Díaz aseguró que “están siendo víctimas de una gestión que es sustancialmente mejorable” ya que “no tienen los recibos de sus nóminas y no se les está pagando desde antes del diciembre del pasado año”. En ese sentido, tras asegurar que esa industria es “un sector productivo de mucha importancia en nuestro país, con un nicho de negocio muy importante”, exigió a los gestores “que cumplan con la legalidad”. “Hoy estoy aquí en calidad de ministra de Trabajo, para defender a esta gente trabajadora. Para esto vale la política, sencillamente”, sentenció.
Llamamiento a la clase trabajadora
La vicepresidenta Segunda del Gobierno hizo un “llamamiento a la clase trabajadora”, para que este domingo, 15 de junio, acuda a las urnas a “defender sus intereses”, ya que “la gente trabajadora necesita aliados, gente en la vida pública que los defienda”. Así, aprovechó la ocasión para afear que hace dos semanas el Partido Popular votara en el Congreso de los Diputados en contra de una proposición de ley que buscaba impedir la deslocalización de empresas en España, “sobre todo sin consecuencias”.
En el encuentro con trabajadores de ambas empresas también participaron el candidato de la coalición Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes-Equo, Juan Gascón, y la número 2 de la candidatura por Valladolid, Marina Echebarría, quien apuntó que la situación de Losán y Majorel “representa perfectamente el producto de 39 años de gobierno del Partido Popular”, que resumió refiriéndose a “deslocalizaciones de empresas, 150.000 jóvenes que ya han tenido que abandonar la autonomía por la ausencia de políticas industriales, de ordenación del territorio y de planificación”.
“Frente a quienes piensan que esta Comunidad es un proyecto económico acabado y que nuestros modos de vida agrarios ya no tienen sentido, nosotros queremos defender lo común. Somos el voto útil que va a disputar a la ultraderecha los cuatro últimos escaños en cuatro provincias diferentes”, afirmó.
Gascón, por su parte, calificó como “extraño” que Fernández Mañueco no se haya reunido con ambos comités de empresa, y consideró que ello “habla muy mal de un presidente en funciones que no sabe poner en el centro a las personas trabajadoras que están en una situación de sufrimiento”.
Al respecto, explicó que desde la coalición que encabeza “hay que proponer en positivo un plan industrial para Castilla y León”. “La política tiene que defender una Castilla y León que está siendo periférica en manos del Partido Popular y de la extrema derecha. Hay que poner sobre la mesa las necesidades de los trabajadores, para que la gente se pueda quedar”, comentó además de recalcar su propuesta de “apostar por lo cercano, por las empresas que se quedan en el territorio, y no por aquellas que sacan jugo de las subvenciones públicas, extraen su lucro y luego dejan tirados a los trabajadores”.
