El plató de En boca de todos atraviesa su semana más convulsa tras la dimisión en directo de la activista Sarah Santaolalla. La polémica estalló el pasado martes, cuando un duro enfrentamiento con el colaborador Antonio Naranjo -quien la acusó de fingir lesiones tras un altercado con Vito Quiles- provocó que Santaolalla abandonara el programa víctima de un ataque de ansiedad.
Tras su salida, la activista publicó un comunicado anunciando su renuncia definitiva y cargando contra el espacio de Cuatro, al que acusó de mantener actitudes «machistas, negacionistas e inhumanas».
La réplica del programa
Este miércoles, Nacho Abad ha tomado la palabra para defender la integridad del equipo, Mediaset y la productora Mandarina:
- Decepción profesional: Abad calificó las acusaciones de «ataque injusto» y defendió la honestidad de sus compañeros. «En este programa no hay mercenarios de la información ni estómagos agradecidos al poder», sentenció.
- Falta de precedentes: El presentador subrayó que, durante el año que Santaolalla colaboró en el programa, «jamás» denunció ninguna de las «barbaridades» que ahora relata en su escrito.
- Sin «emboscadas»: Abad negó que se trabajara con trampas y afeó a la activista que use estos argumentos para justificar una decisión que, según él, «faltan a la verdad de forma deliberada».
La escolta
Al margen del conflicto televisivo, el caso ha saltado a la arena política y policial. Los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, JUPOL y SUP, han calificado de «escándalo» la supuesta asignación de escolta oficial a Sarah Santaolalla.
La controversia surge después de que la Justicia desestimara la orden de alejamiento que la activista solicitó contra Vito Quiles. A pesar de este revés judicial, fuentes policiales confirman que el Ministerio del Interior habría decidido proporcionarle protección pública.
Las exigencias de los sindicatos:
- Transparencia técnica: El SUP ha reclamado a Fernando Grande-Marlaska los informes que justifiquen este despliegue, recordando que la protección a particulares solo procede ante un «riesgo grave e inminente».
- Recursos limitados: Los agentes denuncian que se están detrayendo efectivos de unidades operativas críticas —ya de por sí ajustadas— para un servicio que consideran «excepcional» y no justificado por los órganos técnicos.
