Ante el peligro al que se ven sometidos los avances realizados en los últimos 80 años en materia de igualdad, justicia y dignidad, solicitamos a los partidos políticos y candidaturas a las Elecciones autonómicas 2026 que consideren nuestras propuestas para consolidar y blindar derechos y valores.
Casi 80 años después de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de su principio fundamental de que “todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, nos hallamos ante una realidad a nivel global en que el ideal de los derechos humanos universales está sufriendo un ataque implacable por parte de gobiernos y otros organismos. Las comunidades autónomas, como parte del Estado español y al estar dotadas de un amplio conjunto de competencias, han de asumir su responsabilidad a la hora de garantizar la protección y la promoción de los derechos humanos de todas las personas en su ámbito territorial.
Las elecciones a las Cortes de Castilla y León del próximo 15 de marzo suponen una oportunidad para poner en el centro del debate la protección y promoción de los derechos humanos. A este respecto Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por una serie de cuestiones relacionadas con estos derechos que deberían ser tenidas en cuenta en los programas de los diferentes partidos políticos. He aquí alguna de ellas:
El derecho a la Salud: La atención primaria en Castilla y León
La atención primaria es determinante para mejorar la salud, reducir las desigualdades y optimizar la eficiencia del sistema sanitario. Por ello, los organismos internacionales vienen insistiendo en que a ella debería dedicarse el 25% del total del presupuesto dedicado a la sanidad, lo que está lejos de ser una realidad en nuestra comunidad. Según el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, en el medio plazo se debe lograr que se resuelvan las demandas no urgentes de atención primaria en 24 o 48 horas.
En Castilla y León la ratio de personal médico y de enfermería en atención primaria es superior a la media, pero el nivel de temporalidad del personal sanitario se debe reducir al 8% como fija el citado Marco Estratégico. Tampoco debe olvidarse que los problemas derivados de la falta de atención a la salud mental constituyen la tercera causa de consultas en la atención primaria.
Derecho a la vivienda, un derecho constitucional
Un Informe del Consejo General del Poder Judicial destaca que en 2024 se registraron en nuestra Comunidad 825 lanzamientos por de impago de alquiler. Estamos en mitad de la tabla de las regiones con más desahucios de este tipo (en la posición número siete).
Infancia Migrante
La Junta de Castilla y León, a pesar de comunicar públicamente que está abierta a los repartos solidarios y que cumplirá con la ley, ha impugnado el Real Decreto Ley sobre el reparto obligatorio de menores entre comunidades ante el Tribunal Constitucional.
Centros 24 horas de Atención a víctimas de violencia de género
Los centros de atención de 24 horas son una exigencia del Convenio de Estambul, de la Directiva Europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En Castilla y León se debe asegurar que haya una difusión de su existencia y localización, que exista una verdadera asistencia presencial y telefónica 24 horas, que la atención dispensada en ellos sea integral y multidisciplinar y, teniendo en cuenta la dispersión de la población en nuestra Comunidad, se debe garantizar un enfoque sin discriminación, con especial atención a las mujeres rurales.
Derecho al aborto
En Castilla y León, se ha solicitado a la Junta, sin obtener respuesta, los procedimientos relativos al registro de objetores de conciencia de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.
Crisis climática Incendios devastadores en Castilla y León
En Castilla y León hemos sufrido, en 2025 una ola de megaincendios sin precedentes, que, si bien no son originados por la crisis climática, sí los agrava. En este caso, debido a las sequías acumuladas y la ola de calor más intensa desde 1975. Con más de 164.000 hectáreas quemadas, estos megancendios pusieron, y siguen poniendo, en serio riesgo vidas, montes, animales, cultivos, viviendas e infraestructuras. Afectando a los derechos de la ciudadanía incluso meses después con la contaminación de sus aguas y suelo por cenizas, o la pérdida de formas de vida y patrimonio. Los partidos y las candidaturas se deben comprometer a adoptar, o a proponer, con carácter urgente, medidas más ambiciosas en materia de mitigación y adaptación al Cambio Climático con enfoque en derechos humanos, a nivel global y a nivel regional.
Armas Táser. Utilización por las policías locales de Castilla y León. Asegurar el respecto a los derechos humanos
Los organismos internacionales han subrayado sistemáticamente la posibilidad de que las armas de descarga eléctrica se utilicen de manera que se violen los derechos humanos. En Castilla y León, Amnistía Internacional está documentando una creciente tendencia por parte de las corporaciones locales a adquirirlas sin acreditar haber impartido la formación necesaria ni disponer de protocolos que regulen su utilización.
Ley LGTBI+ para Castilla y León
Castilla y León no cuenta con una normativa específica que garantice los derechos y libertades de las personas LGTBI+ y sus familias, a pesar de que las organizaciones de la sociedad civil llevan más de una década solicitando una Ley autonómica. El aumento de los incidentes y delitos de odio hace necesaria una ley autonómica que impulse medidas de protección de las personas LGTBI+, con una dotación suficiente de recursos para su desarrollo, y que cuente con la participación efectiva de los colectivos y organizaciones de la sociedad civil afectadas.
Memoria Histórica en Castilla y León. Asegurar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo
Las disposiciones internacionales señalan que el Estado español tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo. Castilla y León es una de las comunidades autónomas en las que mayor número de personas fueron víctimas de dichas violaciones de derechos humanos. Por ello, es responsabilidad también de la Comunidad Autónoma asegurar la efectividad de dichos derechos.
Defensa de los Derechos Humanos en Gaza y los territorios palestinos ocupados
Sin competencias en política exterior, nuestra comunidad es responsable, junto con el resto del Estado, de promover los derechos humanos tanto en su territorio como en el exterior. Las autoridades autonómicas han de asumir su parte para contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos en aquellos estados con los que mantienen algún género de relación. En este sentido puede destinar ayuda de la Cooperación al desarrollo a organizaciones e instituciones que, como la UNRWA, trabajan en Gaza, donde los palestinos han sido víctimas de un escalofriante genocidio.
Por. Grupo Local de Amnistía Internacional (Salamanca)
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