Entre las muchas frases, apócrifas o no, que se atribuyen a Pío Cabanillas Gallas figura una en la que proclama que “hemos ganado, aunque no sabemos quiénes”, según parece pronunciada a propósito del agitado congreso nacional de UCD celebrado en Palma de Mallorca. La frase es concordante con otra en la que el mismo personaje afirmaba que “yo ya no sé si soy de los nuestros”. Cabanillas destilaba una retranca galaica que en parte también mostró Mariano Rajoy; no así Núñez Feijóo, que es un calco del designado sucesor por José María Aznar, pero sin un ápice de ese atributo gallego.
Si prescindimos de las expectativas previas, lo cierto y verdad es que las tres principales fuerzas políticas en liza el pasado domingo en Castilla y León, a saber, PP, PSOE y Vox, pueden afirmar con propiedad que han mejorado sus anteriores resultados, ya que todas ellas han crecido en votos, porcentajes y número de procuradores. Lo que ocurre es que no en la misma proporción. El gran perjudicado por la gestión de esas expectativas ha sido el partido de ultraderecha, que acariciaba la idea de llegar al 20 por ciento y obtener tres o cuatro escaños más. Y sin embargo, si bien ha roto su anterior techo electoral, pasando del 17,6 al 18,9 por ciento, ello solo le ha reportado un nuevo escaño, el cosechado en Soria a costa de la caía de “Soria ¡Ya”, a la postre la formación política que ha salido peor parada de estas elecciones.
Por el contrario, aunque solo haya ganado dos escaños, el PP ha sido el partido que más ha crecido en votos y porcentaje, situándose por encima del 35 por ciento, cuatro puntos mas que en 2022. Al contrario que en las elecciones anticipadas de entonces, en las que, pese al descalabro de Ciudadanos, sumó menos votos que en 2019, esta vez Alfonso Fernández Mañueco ha salido bastante mejor librado, si bien, de cara a la negociación a mantener con Vox, la correlación de fuerzas entre ambos partidos va ser muy similar a la de hace cuatro años; si entonces fue de 31 a 13, ahora es de 33 a 14, ello sobre una mayoría que ha pasado a situarse en los 42 escaños.
Tal como se veía venir, en estos comicios se han movido muy pocos escaños. En cinco de las nueve provincias se ha repetido el reparto de los procuradores, lo cual era previsible en Salamanca, Zamora, Palencia y Ávila. No así en León, donde dicha circunstancia ha constituido toda una sorpresa, ya que se daba por hecho que la Unión del Pueblo Leonés sumaría un escaño más en detrimento del PP, sobre el papel abocado a sufrir un coste electoral por la calamitosa gestión de la Junta sobre la ola de incendios forestales del pasado verano. Y, contra todo pronóstico, el PP se ha librado de esa quema, aunque para ello haya tenido que excluir de su candidatura por León a Juan Carlos Suárez-Quiñones, el reprobado consejero contra el Medio Ambiente.
Sin duda, esa ha sido una de las sorpresas favorables al PP. La otra ha sido deshacer a su favor en Burgos el empate con el PSOE a cinco procuradores que se produjo en 2022. Sin estas dos sorpresas, PP y PSOE habrían empatado en el conjunto de la comunidad a 32 procuradores, con lo cual estaríamos hablando de otra cosa. Los dos partidos mayoritarios han ganado un procurador en Valladolid a costa de los escaños perdidos por Ciudadanos y Podemos.
Ignoro qué efectos electorales ha podido tener la guerra desencadenada por Trump a partir de su ataque a Irán. Pero antes de que el energúmeno que ocupa la Casa Blanca pusiera patas arriba la geopolítica mundial, era claro que el PSOE no iba a sufrir en Castilla y León la debacle registrada en Extremadura y Aragón. Carlos Martínez ha conseguido arañar un segundo procurador en Soria y se ha hecho con el nuevo escaño que se elegía en Segovia, consiguiendo así llegar a 30, un resultado que no contemplaba ninguno de los sondeos previos encargados por los medios de comunicación.
La cuestión radica en conocer cómo se concretará el imprescindible acuerdo a alcanzar entre PP y Vox para posibilitar una nueva investidura, la tercera, de “Fonsi” Fernández Mañueco como presidente de la Junta. O dicho de otra forma, cómo se plasmará en Castilla y León ese decálogo dictado desde la calle Génova para acotar los pactos de gobierno o legislatura a alcanzar entre PP y Vox en las comunidades donde la suma de ambas fuerzas se traduce en mayorías absolutas.
En este punto, en Castilla y León no partimos de ninguna nebulosa. Sabemos cómo se concretó el pacto alcanzado en 2022, tanto en sus aspectos programáticos como en cuanto al reparto de poder en las instituciones autonómicas. ¿Va a rebajar Vox en 2026 las concesiones obtenidas en 2021, reiteradas después de la ruptura en el folio que Mañueco convirtió en el célebre burruño durante del debate del estado de la comunidad de junio de 2024? ¿Va a volver a ceder el PP de Mañueco la presidencia de las Cortes a la ultraderecha, con todo el coste que ello le ha supuesto en los dos últimos años de la pasada legislatura? Por su parte, ¿va a tragar Vox con la continuidad de Suárez Quiñones como consejero de la Junta?
Y en cuanto a programa de gobierno; ¿va a acceder Mañueco otra vez a dinamitar el Diálogo Social de la Junta con UGT, CCOO y CEOE? ¿Se va a desempolvar la llamada Ley de la Concordia que sepultaba el decreto sobre Memoria Histórica aprobado en su día por el gobierno de Juan Vicente Herrera? ¿Va a pasar el PP por el aro de aprobar una Ley sobre Violencia “Intrafamiliar” en detrimento de la nueva Ley sobre Violencia de Género que adapte la normativa autonómica al Pacto de Estado suscrito al respecto? De la Ley autonómica sobre derechos de los colectivos LGTBi (Castilla y León es la única comunidad autónoma que carece de normativa en la materia) ya ni hablamos. De momento, qué remedio, paciencia y a barajar.
