La ofensiva contra Irán reabre el debate sobre el crimen de agresión y evidencia cómo la instrumentalización de la fuerza militar por parte de las potencias debilita el Derecho Internacional y deja a la población civil como principal víctima de la geopolítica.
La escalada militar contra Irán nos obliga a enfrentarnos, una vez más, a una incómoda realidad del sistema internacional: cuando la fuerza domina la política global, los derechos humanos se convierten en su primera víctima. La ofensiva lanzada contra Irán por Estados Unidos e Israel ha reabierto un debate que trasciende el campo militar o estratégico. No se trata únicamente de quién gana o pierde una guerra, sino de algo mucho más profundo: la erosión del orden jurídico internacional y el sufrimiento humano que se oculta tras los discursos de seguridad y geopolítica.
El derecho internacional moderno, construido tras la Segunda Guerra Mundial, tiene un principio fundamental: la prohibición del uso de la fuerza salvo en dos circunstancias muy concretas, la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o la legítima defensa frente a un ataque armado. Sin embargo, expertos en derecho internacional han advertido que la ofensiva contra Irán difícilmente encaja en esas excepciones. Diversos juristas sostienen que podría constituir un crimen de agresión, una de las violaciones más graves del derecho internacional, precisamente porque implica el uso de la fuerza contra la soberanía de otro Estado sin justificación legal clara.
Cuando se vulnera el derecho internacional se abre una peligrosa puerta: la normalización de la fuerza como herramienta política. Si las grandes potencias pueden reinterpretar las normas a su conveniencia, el sistema de seguridad colectiva deja de funcionar. En ese escenario, el derecho deja de proteger a los pueblos y pasa a convertirse en un instrumento subordinado al poder.
Pero el problema no termina en la dimensión jurídica. La guerra, incluso cuando se justifica en términos estratégicos, siempre tiene un coste humano devastador. Los bombardeos y ataques han dejado miles de víctimas y una crisis humanitaria creciente en la región, con centenares de miles de personas desplazadas y un número creciente de civiles muertos.
La destrucción de infraestructuras civiles, la muerte de menores o el desplazamiento masivo de población no son daños colaterales inevitables: son consecuencias directas de decisiones políticas y militares. Cada bomba que cae sobre un hospital, una escuela o una vivienda representa una violación del principio fundamental de protección de la población civil que recoge el derecho internacional humanitario. Organizaciones como Amnistía Internacional han advertido recientemente del grave riesgo que esta escalada militar supone para la población civil y han recordado que los ataques indiscriminados o desproporcionados contra infraestructuras civiles pueden constituir crímenes de guerra.
Sin embargo, quizás la cuestión más inquietante es el doble rasero que domina muchas reacciones internacionales. Mientras que algunas agresiones se condenan con rapidez y firmeza, otras se interpretan o relativizan dependiendo de quién sea el responsable. Esta selectividad erosiona la credibilidad de los discursos occidentales sobre la defensa del orden internacional basado en reglas. Cuando el derecho se aplica de forma desigual, deja de ser una norma universal y se transforma en una herramienta política.
La consecuencia de esta incoherencia es profunda. No solo debilita las instituciones internacionales, sino que también alimenta la percepción de que el sistema internacional sigue funcionando bajo una lógica de dominación. En ese contexto, la narrativa de los derechos humanos pierde legitimidad y se convierte, para muchos, en una retórica vacía.
Esto no significa ignorar los problemas internos del régimen iraní ni sus propias vulneraciones de derechos humanos. La represión política, las restricciones a la libertad o la persecución de la disidencia dentro del país son realidades ampliamente documentadas. Pero precisamente por eso resulta aún más contradictorio que la defensa de los derechos humanos se utilice como argumento para justificar acciones militares que terminan causando nuevas violaciones.
El respeto a los derechos humanos no puede defenderse con bombas. La historia reciente demuestra que las intervenciones militares raramente traen democracia o estabilidad. En cambio, suelen generar ciclos de violencia, radicalización y sufrimiento civil que duran décadas.
Por ello, el verdadero desafío para la comunidad internacional no es elegir bandos en una guerra, sino defender de forma coherente los principios que supuestamente sustentan el orden global. Si la comunidad internacional permite que estos principios se erosionen, el mensaje será claro: en el mundo actual, la legalidad internacional sigue siendo frágil frente a los intereses estratégicos de las potencias.
En definitiva, la pregunta que debemos hacernos no es solo si esta ofensiva es legal o ilegal. La pregunta verdaderamente importante es si estamos dispuestos a aceptar un mundo donde la guerra vuelva a imponerse al derecho. Si las advertencias de las organizaciones de derechos humanos siguen siendo ignoradas y la fuerza continúa sustituyendo al derecho, el mensaje será devastador para el sistema internacional. Porque en ese mundo, como siempre ocurre, quienes pagarán el precio más alto no serán los gobiernos ni los estrategas, sino las personas que viven bajo las bombas.
Por. Naiara López de Lapuente Blázquez, defensora de los Derechos Humanos
